Destacado

Modificaciones a la suspensión de desahucios 2021

Condiciones para suspender los desahucios de las personas vulnerables

En el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, se prevé una modificación del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y ha sido publicada en el BOE del 20 de enero de 2021.

En ella se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En concreto, se modifica el artículo 1 bis relativo a la suspensión durante el estado de alarma de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional.

En qué consiste esta modificación normativa de 2021

Básicamente esta modificación se centra en incluir esta suspensión extraordinaria a los desahucios que traigan causa de un procedimiento penal.

A efectos de redacción de la norma, simplemente se añade al párrafo 1º de este artículo lo siguiente:

«y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello,».

Por lo tanto, además de la suspensión de los desahucios y lanzamientos en la vía civil, como estaba establecido hasta la fecha, es decir, de los supuestos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250 de la LEC, se añaden ahora los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

En todo caso, recordamos, que la declaración de suspender un desahucio/lanzamiento, es una facultad que tendrá el Juez que esté conociendo el asunto.

Por lo tanto, hasta el 9 de mayo de 2021, existe la posibilidad de que un desahucio y lanzamiento de vivienda de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, quede suspendido, independientemente de que provengan de un proceso civil (art. 250. 2º, 4º y 7º de la LEC) como de un proceso penal (entendemos, derivado de un delito de usurpación pacífica de bien inmueble).

Sin embargo, para modular esta medida en el ámbito penal, se modifican las letras b) y c) del apartado 7 del art. 1 bis, por las que no procederá la suspensión si la entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:

«b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».

Qué pasa con los okupas ante esta normativa de desahucios

Recordamos que, la Fiscalía General del Estado emitió una Instrucción el 15 de septiembre de 2020, en la que establecía los criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Respecto a los «okupas» en situación de vulnerabilidad, en sus conclusiones señalaba lo siguiente:

«Quinta. Ocupantes en situación de especial vulnerabilidad

Cuando las/los Sras./Sres. Fiscales soliciten el desalojo y se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble (personas en situación de claro desamparo, menores, personas con discapacidad, etc.), tendrán en cuenta esta circunstancia e interesarán simultáneamente que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin de que adopten -con carácter necesariamente previo al desalojo­- las medidas oportunas para su protección, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan».

¿Me pueden desahuciar durante el Estado de Alarma? NO, tanto si la vulnerabilidad es consecuencia de la COVID-19 como si lo fuera por una causa anterior.

Destacado

Consumidores vulnerables marco jurídico

Quiénes son los consumidores vulnerables según el Decreto-ley 1/ 2021 de 19 de enero

En el día 20 de enero de 2021, se ha publicado en el BOE; un Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Esta norma nace con la intención de dar paso a posibles reformas legales que protejan a las personas mas vulnerables. Es la propia Constitución española la que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Las desbastadoras consecuencias económicas y sociales que han sido provocadas por el COVID-19 ( o por las medidas impuestas por las Administraciones públicas a fin de paliar los efectos producidos de la pandemia; matiz con consecuencias jurídicas bastante importantes…) nos deja un panorama bastante complicado en cuanto a la vulnerabilidad de determinadas personas. En este caso, estoy especialmente enfocada en personas mayores dependientes, personas en umbrales de pobreza, familias con necesidades energéticas básicas, y un largo etc.

Concepto de persona consumidora vulnerable

El concepto de persona consumidora vulnerable es adoptado en la protección a los derechos en los que la persona consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad, y que ésta; que puede incidir en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales
que en otra situación no aceptaría.

Esta figura ya ha sido recogida en la normativa autonómica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera esta crisis sanitaria mundial, la actual situación ha ahondado en la urgente necesidad de protección de estas personas que puedan encontrarse en especial situación de vulnerabilidad en una relación de consumo.

Se entiende como vulnerabilidad en consumo; la probabilidad de que una determinada persona obtenga un posible resultado negativo en su relación de consumo. Normalmente como consecuencia de una relación asimétrica entre la empresa y el consumidor.

En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados
negativos en sus relaciones de consumo vendrá condicionada por aspectos tales como la
dificultad para obtener o asimilar información, una menor capacidad para comprar, elegir o
acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por prácticas
comerciales

Un ejemplo muy sencillo de comprender; es la relación de vulnerabilidad que tenemos todos los usuarios de plataformas como Facebook, Whastapps etc. Carecemos de capacidad de negociación, simplemente aceptamos, ya que carecemos de alternativas en el mercado de bienes y servicios con el mismo alcance de difusión. Pero esta una opinión muy personalísima de esta abogada.

Si bien las investigaciones especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de alguna relación de consumo específica; las medidas de protección que ha tomado hoy el Gobierno están más dirigidas a proteger a personas vulnerables por edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las personas alérgicas o con algún tipo de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minorías étnicas o lingüísticas, las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual, la población migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo.

Medidas legales adoptadas en el Real decreto ley 1/2021 para proteger a los consumidores vulnerables

Resulta necesario destacar que esta figura del consumidor vulnerable le abre las puertas a las Administraciones Públicas para que aprovechen este concepto y lo utilicen en establecer niveles de protección más exigentes en beneficio de estas personas.

Esa especial atención se podrá recoger, según el Decreto Ley 1/2021, en futuros reglamentos sectoriales. Pero este concepto de consumidor vulnerable no es del todo nuevo. La propia Ley General de Derechos de Consumidores y Usuarios, ya enumeraba, entre los derechos de los consumidores, » la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión».

Como novedad recogida en este Decreto Ley 1/2021, es la existencia de obligaciones para las empresas, en cuanto a la información previa en un contrato, como en sus ofertas. Y deben ser «claras, comprensibles y veraces«. También deben estas en formatos accesibles; diseñados para proteger a estas personas vulnerables.

Y de cara al etiquetado de los productos, el colectivo de consumidor vulnerable deberá ser tenido en cuenta. (Yo lo paso fatal para leer la letra pequeña de cualquier composición, por no hablar del prospecto de los medicamentos…)

Siguiendo con el tema de las etiquetas, esta nueva norma añade la obligación general de incluir en la etiqueta, además de toda la información obligatoria hasta ahora, instrucciones para una correcta gestión de los residuos.

Además el Decreto-ley añade que entre los sectores que podrán ser objeto de reglas más estrictas, junto a los servicios financieros y los bienes inmuebles, se encuentran los servicios de telecomunicaciones y los de la energía. Esta norma insiste en que la complejidad de estos sectores provoca la vulnerabilidad de los consumidores, y justifica que la Administración realice controles de mercado para evaluar la calidad de estos productos y servicios.

En cuanto a la modificación del veto de los desahucios que recoge este Decreto Ley, me centraré en mi próximo post, debido a la importancia que creo que presenta. María Murciano-