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Consumidores vulnerables marco jurídico

Quiénes son los consumidores vulnerables según el Decreto-ley 1/ 2021 de 19 de enero

En el día 20 de enero de 2021, se ha publicado en el BOE; un Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Esta norma nace con la intención de dar paso a posibles reformas legales que protejan a las personas mas vulnerables. Es la propia Constitución española la que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Las desbastadoras consecuencias económicas y sociales que han sido provocadas por el COVID-19 ( o por las medidas impuestas por las Administraciones públicas a fin de paliar los efectos producidos de la pandemia; matiz con consecuencias jurídicas bastante importantes…) nos deja un panorama bastante complicado en cuanto a la vulnerabilidad de determinadas personas. En este caso, estoy especialmente enfocada en personas mayores dependientes, personas en umbrales de pobreza, familias con necesidades energéticas básicas, y un largo etc.

Concepto de persona consumidora vulnerable

El concepto de persona consumidora vulnerable es adoptado en la protección a los derechos en los que la persona consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad, y que ésta; que puede incidir en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales
que en otra situación no aceptaría.

Esta figura ya ha sido recogida en la normativa autonómica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera esta crisis sanitaria mundial, la actual situación ha ahondado en la urgente necesidad de protección de estas personas que puedan encontrarse en especial situación de vulnerabilidad en una relación de consumo.

Se entiende como vulnerabilidad en consumo; la probabilidad de que una determinada persona obtenga un posible resultado negativo en su relación de consumo. Normalmente como consecuencia de una relación asimétrica entre la empresa y el consumidor.

En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados
negativos en sus relaciones de consumo vendrá condicionada por aspectos tales como la
dificultad para obtener o asimilar información, una menor capacidad para comprar, elegir o
acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por prácticas
comerciales

Un ejemplo muy sencillo de comprender; es la relación de vulnerabilidad que tenemos todos los usuarios de plataformas como Facebook, Whastapps etc. Carecemos de capacidad de negociación, simplemente aceptamos, ya que carecemos de alternativas en el mercado de bienes y servicios con el mismo alcance de difusión. Pero esta una opinión muy personalísima de esta abogada.

Si bien las investigaciones especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de alguna relación de consumo específica; las medidas de protección que ha tomado hoy el Gobierno están más dirigidas a proteger a personas vulnerables por edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las personas alérgicas o con algún tipo de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minorías étnicas o lingüísticas, las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual, la población migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo.

Medidas legales adoptadas en el Real decreto ley 1/2021 para proteger a los consumidores vulnerables

Resulta necesario destacar que esta figura del consumidor vulnerable le abre las puertas a las Administraciones Públicas para que aprovechen este concepto y lo utilicen en establecer niveles de protección más exigentes en beneficio de estas personas.

Esa especial atención se podrá recoger, según el Decreto Ley 1/2021, en futuros reglamentos sectoriales. Pero este concepto de consumidor vulnerable no es del todo nuevo. La propia Ley General de Derechos de Consumidores y Usuarios, ya enumeraba, entre los derechos de los consumidores, ” la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión”.

Como novedad recogida en este Decreto Ley 1/2021, es la existencia de obligaciones para las empresas, en cuanto a la información previa en un contrato, como en sus ofertas. Y deben ser “claras, comprensibles y veraces“. También deben estas en formatos accesibles; diseñados para proteger a estas personas vulnerables.

Y de cara al etiquetado de los productos, el colectivo de consumidor vulnerable deberá ser tenido en cuenta. (Yo lo paso fatal para leer la letra pequeña de cualquier composición, por no hablar del prospecto de los medicamentos…)

Siguiendo con el tema de las etiquetas, esta nueva norma añade la obligación general de incluir en la etiqueta, además de toda la información obligatoria hasta ahora, instrucciones para una correcta gestión de los residuos.

Además el Decreto-ley añade que entre los sectores que podrán ser objeto de reglas más estrictas, junto a los servicios financieros y los bienes inmuebles, se encuentran los servicios de telecomunicaciones y los de la energía. Esta norma insiste en que la complejidad de estos sectores provoca la vulnerabilidad de los consumidores, y justifica que la Administración realice controles de mercado para evaluar la calidad de estos productos y servicios.

En cuanto a la modificación del veto de los desahucios que recoge este Decreto Ley, me centraré en mi próximo post, debido a la importancia que creo que presenta. María Murciano-

Recurso de alzada

Recurso de alzada a la Administración en España

▷  Recurso de alzada a la Administración para qué sirve

Qué es un recurso de alzada. Cómo se hace y para qué sirve.

Hace tiempo que no actualizaba la web. Sean todos bienvenidos de nuevo. Y es que mi día a día se pasa entre montones de papeles de la empresa que me tiene contratada. Uno de los grandes lotes a los que me enfrento son a los recursos de alzada.

En este sentido, hace días disfruté muchísimo de la lectura del artículo de JR Chaves, sobre el recurso de alzada. Yo normalmente no escribo sobre derecho administrativo. Pero es parte de mi día a día desde hace años. Y este artículo es lo mas ajustado a las tripas sobre los recursos de alzada, que yo puedo ofrecer.

Así que en otro tono e intentando acercarme a todas las pupilas que me siguen, voy a explicar brevemente, qué es y para qué sirve un recurso de alzada.

▷  Qué es un recurso de alzada y cómo lo utilizo

El recurso de alzada es un documento que presenta el ciudadano ante la Administración. Pide que se revise un acto administrativo que la persona entiende que le perjudica. Este recurso se presenta ante un órgano jerárquicamente superior y se le “pide” que revise el acto que se considera lesivo.

▷  Que actos se pueden pedir a la Administración Pública para que revise

Los actos que se pueden revisar con un recurso de alzada, son los que producen indefensión o impiden continuar con el procedimiento y que no agotan la vía administrativa. Es decir los actos de trámite. Ante ellos se puede interponer un recurso de alzada para que se revise el procedimiento en sí.

Voy a poner un ejemplo muy sencillo con Ley de Dependencia en Andalucía. Si yo pongo un recurso de alzada porque no me dan una plaza residencial donde quiero, sólo puedo pedir que revisen ese procedimiento. No puedo pedir en ese recurso de alzada, además que la Consejería competente, me actualice la pensión no contributiva. El recurso de alzada pide que se revise el procedimiento que considera que ha vulnerado sus derechos.

▷  Modelo y tiempo para interponer un recurso de alzada

Este apartado es fundamental conocerlo. No es necesario ningún modelo para interponer un recurso de alzada. No está sujeto a forma alguna. Leo todos los días recursos de alzada escritos en hojas de cuadernos, folios sueltos, o escuetos modelos que facilitan Ayuntamientos pequeños. Todos están correctamente escritos y fundamentados, con un formato diferente. Tampoco necesita de asistencia letrada. No tiene que hacerlo un abogado. Usted mismo puede redactar su recurso de alzada.

En cuanto al plazo para poner un recurso de alzada es de un mes si el acto es expreso. Es decir; si tengo una resolución firmada que desestima mi pretensión o la inadmite.

Si lo que tengo es un acto presunto; en cualquier momento: A partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

▷  Que plazo tiene la Administración para resolver

Los plazos de la Administración para resolver los recursos de alzada son bastante amplios. Es un recurso reposado, que se toma las cosas con calma. Y creánme, la mayoría de las veces no llegamos a tiempo los técnicos con tanta documentación que manejamos.

El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Si transcurren esos tres meses sin resolución, se podrá entender desestimado. Salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, que se entenderá estimatorio.

Recurso de alzada
Recurso de alzada

▷  Donde tengo que presentar un recurso de alzada

La realidad y con la ley en la mano, en cualquier órgano de la Administración Pública. El recurso de alzada se podrá presentar en cualquiera de los registros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales firmantes del Convenio de Ventanilla Única o por correo administrativo.

Pero en la práctica, el recurso de alzada no tendrán fecha de entrada, ni se podrá empezar a contar plazos, hasta que no llegué al registro del órgano que dictó el acto que se impugna. Lo luego tendrá que ser derivado ante el órgano competente para resolverlo.

En fín, que esto es un follón. Porque la ciudadanía cree que sólo con presentar su recurso en cualquier órgano de la Administración, ya es suficiente. Pues no. Nos encontramos con un laberinto de folios que van y vienen, acompañados de oficios y fechas de registro de entrada y salida, muy curiosas. Bienvenidos al procedimiento administrativo de batalla, amigos.

▷  Qué hago si la resolución de mi recurso de alzada es desestimatoria

Pues está claro; tienes usted varias opciones:

A).- Acudir a los Tribunales si quiere seguir luchando por sus pretensiones. No sé si serán o no ajustadas a Derecho…

B).- Resignarse y coger un buen berrinche contra la Administración Pública. En estos casos siempre podrá acudir a un bar cercano y dialogar con el auténtico peligro de todos los abogados, colegiados, y disciplinados: “El abogado de la barra de bar“… Suele empezar las frase con; yo tengo un cuñado; mi amigo que tiene un despacho y eso te lo gana seguro… En fín, muy riguroso todo.

Recurso extraordinario de revisión en caso de desestimar mi recurso de alzada

C).- Presentar un recurso extraordinario de revisión por alguno de los motivos expuestos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

  • Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. En este caso se hace referencia a un error material. Los errores jurídicos sólo es posible alegarlo si estamos hablando de errores muy gordos, como sería la aplicación de normas inexistentes o que no están en vigor.
  • Si aparecen documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Soy María Murciano Calderón Pertenezco al Colegio de Abogados de Sevilla.

Mi nº es el 14.266 y tengo despacho propio junto con otros compañer@s  en la Avenida de Luis Montoto 88 7ºB Sevilla. Contáctame por teléfono 954092470 o  e-mail: abogadadigital@gmail.com estamos dispuestos para resolver cualquier problema jurídico que tengas.

Contratos tecnológicos o informáticos su definición y tipos en España

Contratos tecnológicos o informáticos su definición y tipos en España

Definición de los contratos informáticos o tecnológicos propios de la sociedad de la información

Características de los contratos tecnológicos e informáticos. Régimen jurídico y marco legal

Los contratos tecnológicos o informáticos son propios de nuestra sociedad actual, la sociedad de la información. Son las relaciones contractuales que recaen sobre bienes o servicios informáticos. Es un acuerdo entre dos partes; que se basa en un conocimiento técnico actual o en otro que se quiera implementar en el futuro. Sólo tiene valor una vez realizada la vinculación contractual.

Características de los contratos tecnologicos o informáticos principales ejemplos

La principal característica de estos contratos es su “atipicidad”, es decir, no están regulados de forma específica. A esto se le suma, que por su propia naturaleza, suelen incluir complejos conceptos técnicos e informáticos, así que su redacción debe estar en términos jurídicos y técnicos muy precisos para evitar sorpresas desagradables con posterioridad, y dar más claridad a la relación contractual. Nos afecta prácticamente a diario.

Marco legal y base aplicable a los actos de consumo de las nuevas tecnologías bases de contratos tecnológicos

Los contratos informáticos, tecnológicos o o TICS corresponden a nuevos actos de consumo, muchas veces provienen de subproductos o de aplicaciones comerciales que consumimos habitualmente.

Es conveniente saber, que nosotros como clientes de la sociedad de la información tenemos poca capacidad de negociación en la redacción del cláusulado de estos contratos y que solemos “aceptar” cláusulas estándar. Sólo las grandes organizaciones de prestigio tienen la influencia necesaria para exigir a las empresas proveedoras que acepten enmiendas a las condiciones generales de contratación. En los casos de personas u organizaciones pequeñas si no están de acuerdo con lo que se les ofrece en las condiciones generales de contratación, tienen limitadas sus opciones a probar con otro proveedor o renunciar por completo a los servicios de la sociedad de la información.

A continuación os dejamos una lista de preguntas que debemos hacernos antes de firmar cualquier contrato informático, pero recuerda, en caso de duda, lo mejor es CONSULTAR CON UN PROFESIONAL

Contratos tecnológicos o informáticos su definición y tipos en España
Contratos tecnológicos o informáticos su definición y tipos en España

Tipos de cláusulas que hay que conocer antes de firmar un contrato de servicios tecnológicos TICS

  • ¿Quién podrá ver mi información? (tanto dentro como fuera del proveedor de servicios)
  • ¿Quién posee y controla la infraestructura? ¿Está subcontratada a terceros que podrán ver mi información?
  • ¿Qué niveles de servicio me van a garantizar, por ejemplo, el tiempo necesario para resolver un problema, disponibilidad, que compensación ofrecen si no cumplen esto?
  • ¿Tendré un nombre de contacto dentro de la organización en caso de algún problema?
  • ¿Van a pagarme una indemnización por daños y perjuicios si ocurre alguna violación de la ley o del contrato por culpa suya? 
  • ¿Han tenido fallos de seguridad en el pasado?
  • ¿Puedo ver una copia de sus informes sobre fiabilidad, disponibilidad y tiempo de inactividad?
  • ¿Será fácil migrar mis datos a un servicio competidor una vez que haya terminado el servicio? ¿Pueden garantizarme que me los devolverán en un formato utilizable? (NOTA PERSONAL: Este tema es especialmente sangrante en los casos de los sistemas operativos de los teléfonos móviles, en este despacho de abogados hemos sufrido sangre para no perder las agendas…)

 Por supuesto esta batería de preguntas queda abierta, queridos lectores

Contratos tecnológicos para la innovación seguros dentro del marco jurídico de España 2017 2018

Cada día se generan nuevos modelos de contratos de transferencia tecnológica para proteger  la innovación y favorecer una mejor relación entre los diferentes agentes del sistema ciencia, tecnología y empresa

A día de hoy, resulta fundamental promover una eficiente circulación del conocimiento a la economía y a la sociedad, puesto que la inversión en conocimiento en las economías industrializadas es esencial para incrementar la capacidad productiva del país.

Por todo esto el marco jurídico de los contratos tecnológicos para la innovación es un mundo emergente en continuo cambio, con la necesidad de que también las pequeñas y medianas empresas cuenten con modelos de contratos, existen diferentes modelos para promover la internacionalización de los procesos de transferencia.

Soy María Murciano, pertenezco al Colegio de Abogados de Sevilla mi nº es el 14.266 y tengo despacho propio junto con otros compañer@s  en la Avenida de Luis Montoto 88 7ºB Sevilla. Contáctame por teléfono 954092470 o  e-mail: abogadadigital@gmail.com estamos dispuestos para resolver cualquier problema jurídico que tengas.