Destacado

Consumidores vulnerables marco jurídico

Quiénes son los consumidores vulnerables según el Decreto-ley 1/ 2021 de 19 de enero

En el día 20 de enero de 2021, se ha publicado en el BOE; un Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Esta norma nace con la intención de dar paso a posibles reformas legales que protejan a las personas mas vulnerables. Es la propia Constitución española la que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Las desbastadoras consecuencias económicas y sociales que han sido provocadas por el COVID-19 ( o por las medidas impuestas por las Administraciones públicas a fin de paliar los efectos producidos de la pandemia; matiz con consecuencias jurídicas bastante importantes…) nos deja un panorama bastante complicado en cuanto a la vulnerabilidad de determinadas personas. En este caso, estoy especialmente enfocada en personas mayores dependientes, personas en umbrales de pobreza, familias con necesidades energéticas básicas, y un largo etc.

Concepto de persona consumidora vulnerable

El concepto de persona consumidora vulnerable es adoptado en la protección a los derechos en los que la persona consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad, y que ésta; que puede incidir en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales
que en otra situación no aceptaría.

Esta figura ya ha sido recogida en la normativa autonómica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera esta crisis sanitaria mundial, la actual situación ha ahondado en la urgente necesidad de protección de estas personas que puedan encontrarse en especial situación de vulnerabilidad en una relación de consumo.

Se entiende como vulnerabilidad en consumo; la probabilidad de que una determinada persona obtenga un posible resultado negativo en su relación de consumo. Normalmente como consecuencia de una relación asimétrica entre la empresa y el consumidor.

En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados
negativos en sus relaciones de consumo vendrá condicionada por aspectos tales como la
dificultad para obtener o asimilar información, una menor capacidad para comprar, elegir o
acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por prácticas
comerciales

Un ejemplo muy sencillo de comprender; es la relación de vulnerabilidad que tenemos todos los usuarios de plataformas como Facebook, Whastapps etc. Carecemos de capacidad de negociación, simplemente aceptamos, ya que carecemos de alternativas en el mercado de bienes y servicios con el mismo alcance de difusión. Pero esta una opinión muy personalísima de esta abogada.

Si bien las investigaciones especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de alguna relación de consumo específica; las medidas de protección que ha tomado hoy el Gobierno están más dirigidas a proteger a personas vulnerables por edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las personas alérgicas o con algún tipo de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minorías étnicas o lingüísticas, las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual, la población migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo.

Medidas legales adoptadas en el Real decreto ley 1/2021 para proteger a los consumidores vulnerables

Resulta necesario destacar que esta figura del consumidor vulnerable le abre las puertas a las Administraciones Públicas para que aprovechen este concepto y lo utilicen en establecer niveles de protección más exigentes en beneficio de estas personas.

Esa especial atención se podrá recoger, según el Decreto Ley 1/2021, en futuros reglamentos sectoriales. Pero este concepto de consumidor vulnerable no es del todo nuevo. La propia Ley General de Derechos de Consumidores y Usuarios, ya enumeraba, entre los derechos de los consumidores, ” la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión”.

Como novedad recogida en este Decreto Ley 1/2021, es la existencia de obligaciones para las empresas, en cuanto a la información previa en un contrato, como en sus ofertas. Y deben ser “claras, comprensibles y veraces“. También deben estas en formatos accesibles; diseñados para proteger a estas personas vulnerables.

Y de cara al etiquetado de los productos, el colectivo de consumidor vulnerable deberá ser tenido en cuenta. (Yo lo paso fatal para leer la letra pequeña de cualquier composición, por no hablar del prospecto de los medicamentos…)

Siguiendo con el tema de las etiquetas, esta nueva norma añade la obligación general de incluir en la etiqueta, además de toda la información obligatoria hasta ahora, instrucciones para una correcta gestión de los residuos.

Además el Decreto-ley añade que entre los sectores que podrán ser objeto de reglas más estrictas, junto a los servicios financieros y los bienes inmuebles, se encuentran los servicios de telecomunicaciones y los de la energía. Esta norma insiste en que la complejidad de estos sectores provoca la vulnerabilidad de los consumidores, y justifica que la Administración realice controles de mercado para evaluar la calidad de estos productos y servicios.

En cuanto a la modificación del veto de los desahucios que recoge este Decreto Ley, me centraré en mi próximo post, debido a la importancia que creo que presenta. María Murciano-

Destacado

Prórroga para la Disposición final 7ª de Ley 39/2015

Régimen Jurídico aplicable a esta prórroga

  • Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
  • Artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, (BOE del 4 de septiembre)
  • Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto.
  • Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Cuando entra en vigor de la Disposición final 7ª de la Ley de Procedimiento Administrativo Común

La entrada en vigor de la Disposición final 7ª de la Ley 39/2015, debía haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2018, pero el Real Decreto-ley 11/2018 prolongó ese plazo dos años, hasta el 2 de octubre de 2020, y con el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, se podría haber extendido seis meses más, hasta el 2 de abril de 2021.

En la actualidad el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto  de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se encuentra derogado, por una falta de convalidación parlamentaria fruto de una mala praxis legislativa, cómo es legislar en plan gazpacho.

Este Decreto estaba pensado para legislar a las bravas una serie de medidas financieras, tales como:

– a la aplicación de la regla especial del destino del superávit de 2019 de las entidades locales para financiar inversiones financieramente sostenibles,

– a actuaciones relativas al remanente de tesorería para financiar determinados gastos en sectores de especial relevancia social, derivados de la crisis sanitaria,

– a la autorización de créditos extraordinarios para la recuperación económica y social y para hacer frente al déficit extraordinario del transporte público local,

– medidas de apoyo a ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero o con problemas de liquidez

– y a otras normas de gestión presupuestaria de carácter extraordinario y urgente.

¿Quiere decir esto que entra en vigor el 2 de octubre de 2020 la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre? Rotundamente; NO.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia amplia el plazo nuevamente

Pues siguiendo con esta mala técnica, el flamante a estrenar Real Decreto del Teletrabajo, que comentaré mas adelante, regula de todo. Hasta el procedimiento del Ingreso Mínimo Vital. Aunque lo que en este post, nos interesa es lo que hace con el Registro electrónico.

En su Disposición final novena, incluye una modificación específica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de ampliar el plazo de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la referida norma, en lo relativo a:

Registro electrónico de apoderamientos-

Registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados.

Punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo electrónico;

Y todo ello, ante la dificultad de concluir los procesos de adaptación necesarios antes del 2 de octubre de 2020,  se ha ampliado hasta el 2 de abril de 2021, fecha a partir de la cual producirán efectos las previsiones sobre tales materias.

Seguiré informando en los próximos días, creo que este Gobierno se ha empeñado en hacernos estudiar ingeniera jurídica a todos los españolitos de a pie. Si lo llego a saber en COU me matriculo en artes adivinatorias y exorcismos (como está de alterado el personal) . Que Dios reparta paciencia y lexatines.