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Responsabilidad Patrimonial de la Administración

Requisitos para que opere la Responsabilidad Patrimonial de una Administración Pública

La responsabilidad patrimonial es una obligación de las Administraciones Públicas. Consiste en indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Existe la excepción de los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar conforme a derecho.

Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas

El régimen jurídico que regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se encuentra recogido en dos leyes en la actualidad:

En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), artículos 32 a 37, los cuales engloban de los principios y aspectos sustantivos del sistema de responsabilidad pública.

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en la cual se comprenden las particularidades aplicables a la tramitación de la responsabilidad patrimonial en sus artículos 24.1, 35.1 h), 61.4, 65, 67, 81, 82.5, 86.5, 91, 92, 96.4 y 114.

Requisitos para que se produzca la responsabilidad patrimonial

En principio, hay que aclarar que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, resulta ser una Institución de por sí compleja, cuya operatividad pende del cumplimiento de estrictos requisitos, matices que no pueden ser obviados y límites que hay que conocer y respetar.

Así, en lo que respecta propiamente a las características generales del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Nos encontramos como base constitucional al artículo 106.2 de la Carta Magna, el cual reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados en los términos establecidos por la ley.

Asimismo está el artículo 32 de la LRJSP y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, la delimitación del derecho de las personas a ser indemnizadas por el Estado siempre y cuando se materialicen las condiciones que la ley establece.

De tal forma que, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración, es necesario que operen acumulativamente, el siguiente orden de requisitos:

  • La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
  • Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e indirecta y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
  • Ausencia de fuerza mayor, lo que no de caso fortuito.
  • Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia naturaleza.
  • Que no haya transcurrido más de un año desde que el daño en cuestión se produjo o desde que el alcance de éste pudo ser valorado y determinado.

Cuando se cumplen todos los requisitos

En relación con los antedichos requisitos, varios apuntes de carácter general al respecto:

  • La efectividad del daño

Se encuentra configurada en el artículo 32.2 de la LRJSP y encuadra tanto los daños materiales, como los personales y morales, excluyéndose los daños hipotéticos que no puedan probarse.

Asimismo, en lo referente a la individualización del daño, esta es concerniente a que el perjuicio proveniente de la Administración recae sobre una persona o grupo de personas concreto y determinado.

  • Atribución del daño a un servicio público

A los fines del artículo 106.2 de la Constitución, la Jurisprudencia (STS de 5 de junio de 1989 -RJ 1989,4338- y 22 de marzo de 1995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.

Como ya vimos, la imputación de responsabilidad patrimonial requiere que la lesión que sufra el particular deba provenir del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. No obstante, esto no significa necesariamente que todos los daños que puedan llegar a acontecer en el ámbito de actuación de servicios públicos deban imputarse a la Administración, ya que además necesita que el daño se encuentre conectado causalmente con el funcionamiento del servicio. Esto es, que la causa desencadenante de la lesión sea consecuencia del funcionamiento -normal o anormal- de los servicios.

Responsabilidad por fuerza mayor

En este supuesto, la Administración queda exonerada de responder si el daño se produjo por fuerza mayor, es decir, por la existencia de una causa externa al funcionamiento del servicio público. Son casos en los que el daño proviene de factores externos e imprevisibles que quedan fuera del poder de actuación de la Administración (el artículo 32.1 de la LRJSP lo plasma como causa de exclusión de la responsabilidad). Asimismo, el artículo 34.1 de la LRJSP estipula que tampoco serán indemnizables los daños que se deriven de hecho o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

No obstante, el caso fortuito no exonera a la Administración de su responsabilidad, por tratarse de casos en que sí puede atribuirse a su funcionamiento, toda vez que el daño que se genera cabría calificarlo como previsible y evitable. En este caso, habrá que estarse a la casuística concreta para determinar si el hecho era o no previsible y si la Administración pudo haber desplegado sus potestades para evitarlo (por ejemplo, el desprendimiento de piedras en la carretera).

  • Antijuridicidad del daño

El daño o perjuicio sufrido por el particular solo será indemnizable si se trata de una lesión auténtica, esto es, un daño que el particular no tiene el deber jurídico de soportar conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la LRJSP.

Como sabemos, es inusual el caso en que las normas estipulen de forma expresa los perjuicios que las personas tienen el deber jurídico de soportar, por lo que fuera de los casos en que las leyes permiten imponer una carga u obligación (impuestos, expropiación, etc.) la ausencia de antijuridicidad debe suponerse en general del ordenamiento legal

Plazo de actuación para que se produzca

Conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

De tal forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, teniendo las siguientes particularidades:

  1. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
  2. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
  3. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la LRJSP, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” o en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Responsabilidad patrimonial y Ley de Dependencia

Por todo lo narrado con antelación, podemos decir que la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando que, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

En el caso de las personas que hayan solicitado los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, sin obtener su recurso en el plazo de seis meses, siempre que se den los requisitos anteriormente descritos, pueden ser indemnizables por parte de la Administración competente.

Esta fundamental no sólo demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño. Pero no es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.

Denunciar un perfil falso de Facebook a la policía u otras redes sociales de Internet

Cómo denunciar un perfil falso de Facebook a la policia con mis datos

Denunciar un perfil falso de Facebook a la policía u otras redes sociales de Internet

Cómo denunciar un perfil falso de Facebook a la Polícia. Posibles delitos y consecuencias jurídicas.

¿Quieres denunciar a la Policía una suplantación de identidad online?

En estos últimos meses hemos recibido distintas consultas sobre qué hacer ante la posibilidad de denunciar un perfil falso a la policía por suplantación de identidad en Facebook y otras redes sociales, práctica cada vez más habitual, siendo delito en España. Desde Abogada Digital y Chaparro & Murciano Abogados, os dejamos esta entrada para que os sirva de guía.

Delito de suplantación de identidad online en nuestra cuenta de Facebook u otras redes sociales de Internet en España

Ante todo señalar, que estamos hablando de cuestiones muy serias; la suplantación de identidad o el hacerse pasar por quién realmente uno no es, ES UN DELITO, y por tanto es objeto de denuncia ante la policía.

Lo mejor ante este tipo de actuaciones maliciosas, en este casos delitos online es contar con la ayuda de un buen profesional y reunir cuantas evidencias tengamos a nuestro alcance.

Denuncia por suplantación de identidad quiero reportar un perfil falso a la policía con mi nombre y mis datos personales

Si has detectado un perfil falso en Facebook u otras redes sociales con tu nombre, apellidos y demás datos personales, es decir has detectado una suplantación de identidad online,  y quieres denunciar o reportar ante la Policia lee atentamente esta entrada, para tener cierta orientación antes de actuar.

Paso 1.- Recopila todas las pruebas posibles.

La plataforma Facebook te va a permitir recopilar capturas de pantallas del perfil, de conversaciones que haya tenido el suplantador, fotos, likes, todo lo que puedas, lo pasarás de tenerlo online, a poder aportar tus pruebas físicas, y esto es importante.

Paso 2.-Denúncialo en el mismo Facebook pidiéndole retirar inmediatamente el falso perfil que te ha suplantado

Este paso es muy fácil; os adjuntamos el link que el propio Facebook facilita para este tipo de situaciones, que se multiplican cada día. Además; Facebook te facilita un reporte continúo del estado de tu denuncia en el propio buzon de ayuda que tiene Facebook.

Cómo consejo personal: Recomiendo bloquear cualquier perfil ajeno que nos esté molestando como medida preventiva siempre. Este tema de bloquear cualquier perfil intimidatorio o desagradable, es una práctica que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que navegue por Internet. Con este tipo de medidas estamos dificultando la comisión de futuros delitos.

Paso 3.- Denúncialo en la Comisaría de Policía

En los casos que se hayan cometidos delitos es necesario denunciar ante la Policia para que investiguen quién esta detrás de estos perfiles y con qué motivos nos han suplantado.

Denunciar un perfil falso de Facebook a la policía u otras redes sociales de Internet
Denunciar un perfil falso de Facebook a la policía u otras redes sociales de Internet

Consejos para denunciar o reportar en Facebook u otra red social un perfil falso o suplantación de identidad

A partir de este punto os dejo unas cuantas recomendaciones fruto de mi experiencia profesional con este tipo de delitos

a).- Es importante que sea denunciado por varios perfiles. Facebook da mas credibilidad a la petición de varios usuarios que a un sólo reporte. Mi opinión al respecto es que me parece un criterio aleatorio, pero está muy influenciado por el derecho norteamericano donde las pretensiones colectivas tienen mas fuerza que las individuales.

b).- Es necesario afinar en la respuestas que damos a Facebook  en los motivos de denuncia de un  perfil. Facebook nos guía ante una batería de preguntas cerradas sobre los motivos por los que denunciamos un perfil concreto. Es importante delimitar muy bien estas respuestas, porque las revisiones son exhaustivas en el caso de delitos muy graves, pero podemos estar viendo fotos nuestras o de nuestros familiares en un falso perfil sin consentimiento y vulnerando la normativa española, y pasar los criterios de admisibilidad de Facebook.

c).- Las denuncias en Facebook son siempre anónimas. Eso da mucha tranquilidad a nuestros clientes cuando los guiamos en este tipo de situaciones. El delincuente que está gestionando una cuenta fraudulenta nunca sabrá que usuario lo ha denunciado (a menos que éste quiera)

Qué consecuencias tienen estos delitos por Internet en España

Cómo eliminar los daños que han ocasionado este delito de suplantación de indentidad online

Pues depende de lo que haya hecho el suplantador, asi que lo aclaramos:

1.- Si únicamente han creado una cuenta con nuestra identidad, pero el perfil está vacío y no han publicado nada, ni interactuado con nadie; el mero hecho de denunciarlo ante la red social y su posterior eliminación de perfil sería suficente. Nuestro ordenamiento jurídico no establece para este supuesto ninguna sanción. La retirada inmediata del falso perfil servirá.

2.- En los casos donde si existan publicaciones desde un perfil falso, (comentarios, fotos, likes chats, etc) la persona afectada tiene derecho a indemnización por el daño moral y perjuicios que haya ocasionado en consecuencias de sus actuaciones. Dependiendo de la actuación ocasionada y de los daños producidos se ponderarán las consecuencias.

3.- Las actuaciones constitutivas de delito son tantas y de tan diversa índole, que desde nuestra web os recomendamos contactar con un profesional para que os asesore de manera personalizada. En nuestro despacho de abogados, contamos con los conocimientos técnicos y una avalada experiencia profesional para guiarte en todo el proceso.

Fotos para delitos de suplantación de identidad en menores y sus consecuencias penales en España 2017 2018

Es necesario contar con un especial cuidado, tanto si las víctimas o los agresores, son menores de edad o niños. Los niños y adolescentes ven Internet como un recurso INDISPENSABLE para su vida social. Consideran internet como una oportunidad para conocer el mundo de los adultos sin ser vigilados por estos.

Cada vez es más sencillo tener un adecuado equilibrio entre seguridad y privacidad en nuestras interacciones online. Contamos con el derecho a compartir sólo aquella información que queramos con las personas o entidades que elijamos. Esta máxima es de vital importancia, un mal uso de nuestra información puede traernos consecuencias desagradables, como la comisión del delito de suplantación de identidad

Si vives en Sevilla quieres denunciar a la Policía un perfil falso en Facebook u otra red social o te han suplantado tu identidad

Soy María Murciano Calderón, pertenezco al Colegio de Abogados de Sevilla mi nº es el 14.266 y tengo despacho propio junto con otros compañer@s  en la Avenida de Luis Montoto 88 7ºB Sevilla. Contáctame por teléfono 954092470 o  e-mail: abogadadigital@gmail.com estamos dispuestos para resolver cualquier problema jurídico que tengas.