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Consumidores vulnerables marco jurídico

Quiénes son los consumidores vulnerables según el Decreto-ley 1/ 2021 de 19 de enero

En el día 20 de enero de 2021, se ha publicado en el BOE; un Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Esta norma nace con la intención de dar paso a posibles reformas legales que protejan a las personas mas vulnerables. Es la propia Constitución española la que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Las desbastadoras consecuencias económicas y sociales que han sido provocadas por el COVID-19 ( o por las medidas impuestas por las Administraciones públicas a fin de paliar los efectos producidos de la pandemia; matiz con consecuencias jurídicas bastante importantes…) nos deja un panorama bastante complicado en cuanto a la vulnerabilidad de determinadas personas. En este caso, estoy especialmente enfocada en personas mayores dependientes, personas en umbrales de pobreza, familias con necesidades energéticas básicas, y un largo etc.

Concepto de persona consumidora vulnerable

El concepto de persona consumidora vulnerable es adoptado en la protección a los derechos en los que la persona consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad, y que ésta; que puede incidir en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales
que en otra situación no aceptaría.

Esta figura ya ha sido recogida en la normativa autonómica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera esta crisis sanitaria mundial, la actual situación ha ahondado en la urgente necesidad de protección de estas personas que puedan encontrarse en especial situación de vulnerabilidad en una relación de consumo.

Se entiende como vulnerabilidad en consumo; la probabilidad de que una determinada persona obtenga un posible resultado negativo en su relación de consumo. Normalmente como consecuencia de una relación asimétrica entre la empresa y el consumidor.

En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados
negativos en sus relaciones de consumo vendrá condicionada por aspectos tales como la
dificultad para obtener o asimilar información, una menor capacidad para comprar, elegir o
acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por prácticas
comerciales

Un ejemplo muy sencillo de comprender; es la relación de vulnerabilidad que tenemos todos los usuarios de plataformas como Facebook, Whastapps etc. Carecemos de capacidad de negociación, simplemente aceptamos, ya que carecemos de alternativas en el mercado de bienes y servicios con el mismo alcance de difusión. Pero esta una opinión muy personalísima de esta abogada.

Si bien las investigaciones especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de alguna relación de consumo específica; las medidas de protección que ha tomado hoy el Gobierno están más dirigidas a proteger a personas vulnerables por edad, sexo, origen nacional o étnico, lugar de procedencia, las personas alérgicas o con algún tipo de intolerancia alimenticia, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minorías étnicas o lingüísticas, las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual, la población migrante o solicitante de protección internacional, así como las personas con carencias económicas o en riesgo de exclusión, o cualesquiera otras circunstancias que puedan incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo.

Medidas legales adoptadas en el Real decreto ley 1/2021 para proteger a los consumidores vulnerables

Resulta necesario destacar que esta figura del consumidor vulnerable le abre las puertas a las Administraciones Públicas para que aprovechen este concepto y lo utilicen en establecer niveles de protección más exigentes en beneficio de estas personas.

Esa especial atención se podrá recoger, según el Decreto Ley 1/2021, en futuros reglamentos sectoriales. Pero este concepto de consumidor vulnerable no es del todo nuevo. La propia Ley General de Derechos de Consumidores y Usuarios, ya enumeraba, entre los derechos de los consumidores, ” la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión”.

Como novedad recogida en este Decreto Ley 1/2021, es la existencia de obligaciones para las empresas, en cuanto a la información previa en un contrato, como en sus ofertas. Y deben ser “claras, comprensibles y veraces“. También deben estas en formatos accesibles; diseñados para proteger a estas personas vulnerables.

Y de cara al etiquetado de los productos, el colectivo de consumidor vulnerable deberá ser tenido en cuenta. (Yo lo paso fatal para leer la letra pequeña de cualquier composición, por no hablar del prospecto de los medicamentos…)

Siguiendo con el tema de las etiquetas, esta nueva norma añade la obligación general de incluir en la etiqueta, además de toda la información obligatoria hasta ahora, instrucciones para una correcta gestión de los residuos.

Además el Decreto-ley añade que entre los sectores que podrán ser objeto de reglas más estrictas, junto a los servicios financieros y los bienes inmuebles, se encuentran los servicios de telecomunicaciones y los de la energía. Esta norma insiste en que la complejidad de estos sectores provoca la vulnerabilidad de los consumidores, y justifica que la Administración realice controles de mercado para evaluar la calidad de estos productos y servicios.

En cuanto a la modificación del veto de los desahucios que recoge este Decreto Ley, me centraré en mi próximo post, debido a la importancia que creo que presenta. María Murciano-

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Subida del precio del butano

La bombona de butano sube en 2021

El BOE de de ayer recogía una resolución del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico que establecía el precio de la bombona de butano tradicional, la naranja grande de metal, a partir del martes 19 de enero de 2021. Y pasaba de costar 12,69 céntimos a 13,31, euros.

Esta medida se ha tomado en España en plena ola de frío, donde la inquietud y zozobra que tenemos los ciudadanos antes el tsunami social que estamos viviendo no tiene precedentes-

Si bien esta subida en enero es habitual, ya que hace un año, por estas mismas fechas, subió a una cifra similar; aunque no teniamos una pandemia encima, ni unos umbrales de pobreza tan alarmantes.

Por el momento, aunque la tendencia es creciente, no alcanza los picos históricos mas altos: 17,5 euros en enero de 2015 y más de 15 euros en marzo de 2015 y noviembre de 2018.

Estos precios regulados afectan solo a las bombonas tradicionales, las de doce kilos y medio con una tara específica, y no al resto de formatos, como las pequeñas o aquellas de plástico, que tienen precio libre.

Cómo se calcula el precio del butano

Estas resoluciones, que se publican cada dos meses, establecen los precios máximos antes de impuestos, en céntimos de euro, por kilogramo, de los envases de más de ocho kilos y menos de 20. Están basados en la cotización internacional del petróleo, los tipos de cambio y los costes de comercialización estimados. A partir de esa cifra se calcula el precio de venta al consumidor.

Según la norma, la cifra final no puede subir o bajar más de un 5% con respecto a la anterior marca. Si eso ocurre, se produce un remanente que se guarda para posteriores cálculos. Es por esa razón que la subida publicada hoy no rebasa ese tope del 5%. Si no se hubiera ajustado ese tope, costaría 13,72 euros. Así, se ha subido todo lo posible dentro de lo que marca la ley.

El precio máximo de venta de la bombona de butano se revisa bimestralmente el tercer martes de los meses impares. Este nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes del próximo mes de marzo, cuando se examinará de nuevo.

La resolución de hoy da un precio máximo de 86,9232 céntimos de euros por kilogramo. Si multiplicamos esa cifra por los 12,5 kilos de la bombona tradicional, le sumamos el impuesto especial de hidrocarburos (15€ por tonelada) y acabamos aplicando el IVA (21%), obtenemos la cifra final de 13,31 euros, el precio que entrará en vigor a las doce de la noche.

El precio del gas natural también sube. En concreto, la parte variable de la factura –la que depende de cuándo consumas– pasa a costar ocho céntimos más el kilo.

Quizás sea el momento de plantearnos otro modelo energético mas sostenible y adecuado para una sociedad que vive momentos de fragmentación social y angustia. Quizás sea el momento de revisar todas las desigualdades que padecemos en un mundo que anda sobrados de recursos naturales para todos. Quizas sea el momento de abrir los ojos, empoderarnos y poner límite a tanta locura, sólo quizas? María Murciano.

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Criterios para publicar datos personales en Boletines Oficiales

Como se publican mis datos personales en el BOE

El publicar datos personales en un Boletín Oficial es algo habitual. Se realiza frecuentemente, fundamentalmente cuando existen notificaciones administrativas que no se han podido comunicar fehacientemente. Por lo tanto, lo mas recurrente, es acudir al BOE. Como consecuencia de esta práctica, nuestros datos personales pueden verse expuestos.

Una de las novedades introducidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) es la fijación de ciertas reglas sobre el uso de datos personales identificativos de los interesados en las publicaciones sobre actos administrativos y en los anuncios de los boletines oficiales.

Este aspecto, se han suscitado múltiples consultas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ante las autoridades competentes en materia de protección de datos a nivel autonómico.

Se puede publicar mi DNI completo en un Boletin Oficial BOE BOJA o provincial

Ante esta circunstancia, la AEPD –conjuntamente con la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía– ha publicado un criterio provisional para garantizar la protección frente a la divulgación del documento nacional de identidad (DNI), del número de identidad de extranjero (NIE), así como del pasaporte o documento equivalente.

En concreto, se recomienda que la publicación de los datos personales que figuran en estos documentos se realice de la siguiente forma:

  • En el caso de un DNI con formato 12345678X, se publicarán los dígitos que en el formato ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima. Siguiendo el ejemplo anterior: ***4567**.
  • En el caso de un NIE con formato L1234567X, se publicarán los dígitos que en el formato ocupen las posiciones, cuarta, quinta, sexta y séptima, evitando el primer carácter alfabético. En el ejemplo: ****4567*.
  •  En el caso de un pasaporte con formato ABC123456, al tener sólo seis cifras, se publicarán los dígitos que en el formato ocupen las posiciones tercera, cuarta, quinta y sexta, evitando los tres caracteres alfabéticos. Siguiendo el ejemplo anterior: *****3456.
  • Para el resto de identificaciones, cuando contengan al menos siete dígitos numéricos, se numerarán dichos dígitos de izquierda a derecha, evitando todos los caracteres alfabéticos, y se seguirá el procedimiento de publicar aquellos caracteres numéricos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima. En el caso de una identificación como XY12345678AB, la publicación sería: *****4567***.
  • Si esta identificación tiene menos de siete dígitos numéricos, se numerarán todos los caracteres, alfabéticos incluidos, con el mismo procedimiento anterior y se seleccionarán aquellos que ocupen las cuatro últimas posiciones. En el caso de una identificación como ABCD123XY, la publicación sería: *****23XY.

El criterio propuesto contribuye a evitar que el uso de fórmulas distintas por parte de las Administraciones pueda implicar la publicación de cifras numéricas de los documentos identificativos en posiciones distintas en cada caso, posibilitando la recomposición íntegra de dichos documentos y, por tanto, la identificación de los interesados.

Puedo pedir la cancelación o eliminación total de mis datos personales en un Boletín Oficial

Escribí una entrada completa para este supuesto que podéis leer aquí. No obstante quiero insistir bastante en que seamos muy puntillosos con la protección de nuestros datos. Afectan directamente a la intimidad, y el vernos expuestos continuamente de manera impune, es algo inevitable, hasta cierto punto.

Me sorprende mucho, como el concepto de privacidad e intimidad, suenan muy ajenos a las generaciones jóvenes. Personas que exponen impúdicamente su vida en redes sociales, el insistir para que borren un DNI de algún BOE, les suena a trasnochado y obsesivo. Pero si supieran realmente que esta información puede perjudicarte de manera irremediable, igual reflexionaban un poquito.

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Notificaciones administrativas infructuosas

Plazo de publicación en el BOE para el caso de las notificaciones administrativas infructuosas

Qué es una notificación administrativa. Cuando se considera que estamos ante una notificación infructuosa de la Administración. ¿Existe un plazo de publicación en el BOE?

La notificación administrativa es una actuación principal en el procedimiento administrativo que garantiza la eficacia del acto administrativo. Toda notificación deberá ser tramitada y efectuada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en la que se haya dictado el acto.

Es fundamental, porque es el acto que garantiza la plena efectividad en la esfera de derechos del administrado; es decir: la persona se da por enterada de lo que está pasando a ojos de la Administración.

La notificación deberá contener:

  • El texto íntegro de la resolución
  • Si pone fin o no a la vía administrativa
  • Los recursos administrativos que se pueden interponer (tanto en vía administrativa como judicial)
  • Órgano al que se presentan dichos recursos y el plazo

Para dar cumplimiento de la obligación de notificar dentro del plazo máximo establecido, será suficiente la notificación con el texto íntegro de la resolución y los intentos de notificación debidamente acreditados.

Notificación infructuosa y necesidad de publicación en el BOE

Se entiende por notificación infructuosa, cuando no se ha podido practicar el acto de notificar, es decir; no se ha entregado al administrado el contenido de lo que se quería comunicar. Por tanto a ojos de la Administración la persona sigue ciega. Es muy importante porque afecta al concepto de “indefensión” y a nuestros derechos constitucionales.

Tengo derecho a saber en todo momento que actos realiza la Administración queme afecte, y así tomar las medidas oportunas. Lo que se conoce como el derecho a la tutela judicial; de ahí la importancia de que la notificación cumpla con todos los requisitos formales.

El art. 44 regula la notificación infructuosa, se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado la notificación cuando:

  • Se desconozcan a los interesados del procedimiento
  • No se conozca el lugar de notificación
  • No se hubiera podido efectuar la notificación

Si bien se cuestiona un plazo exacto para la publicación en el BOE para las notificaciones infructuosas, es necesario realizar determinadas precisiones a este particular debido a las repercusiones que tiene en la esfera de derechos del administrado. Y es que los actos de notificación cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes.

Con anterioridad a la Ley 39/2015 de 1 de octubre se entendía como notificación infructuosa, la que, tras dos intentos fallidos de notificación, la Ley permitía suplir ésta por la publicación del acto administrativo.

En la actualidad la Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre revaloriza la necesidad de que las administraciones notifiquen debidamente los actos administrativos, con indicación de los recursos procedentes advirtiendo que esa anomalía no debe perjudicar el derecho a interponer recursos. Es doctrina conocida y consolidada.

Y es que la aplicación de este precepto ha sido modulada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en orden a garantizar el derecho a la tutela efectiva de los ciudadanos, ya que ciertamente una notificación mediante publicación de un anuncio en el BOE limita el conocimiento de las resoluciones administrativas (si bien se ha visto ligeramente paliado por la posibilidad de suscripción gratuita al servicio de alertas BOE a la carta, que sólo es efectivo si en las resoluciones se indica el NIF de los interesados, lo que no sucede en este caso).

Ahora bien, siendo limitada la efectividad material de las notificaciones por edictos, cuando el interesado tiene un domicilio desconocido al domicilio al que ha sido enviada la notificación, según la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso, en su Sentencia de 17 de julio de 2019; “(…) en materia de notificaciones, es consolidada la jurisprudencia que ha declarado que lo único relevante (especialmente, a los efectos del cómputo de los plazos para ejercitar acciones administrativas o judiciales) es que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas. Así lo ha declarado la Sentencia, de 16 de noviembre de 2016, del Tribunal Supremo. El principio pro actione y el de tutela judicial efectiva impone que la notificación sólo pueda desplegar efectos en el momento en el que el administrado tiene conocimiento real de su contenido. Así lo ha declarado esta Sala en su sentencia de 16 de marzo de 2015. En materia de resoluciones sancionadoras (como ocurre en el presente caso), la Administración debe intentar la notificación en otras posibles direcciones (o al menos, acreditar que ha hecho todo lo posible par averiguarlas) antes de acudir a la vía edictal. Se remite a la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2008”.

Existe o no existe un plazo para publicar el acto administrativo

Por lo tanto no existe un plazo concreto ni automático para la publicación supletoria en el BOE del que podamos informar a su Jefatura, tan sólo indicar que uno de los principios rectores del procedimiento administrativo es el de celeridad en la tramitación (arts. 21.2 y 71.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Municipios con los valores catastrales actualizados y aprobados

Municipios con los valores catastrales actualizados y aprobados

Valores catastrales revisados y aprobados por la Ley de Presupuestos 2020

Esta entrada esta pensada para todos los que necesitan consultar la actualización de los valores catastrales aprobados.

El valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las construcciones.

  • Se fija tomando como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste.
  • Se calcula a través de un procedimiento reglado, que constituye el sistema de valoración catastral.
  • Está integrado por el valor del suelo y el de las construcciones y es corregido en función de las características particulares del inmueble.
  • En los bienes inmuebles con precios de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.

Por lo tanto los valores catastrales se obtienen mediante la aplicación de criterios, módulos y valores que se establecen en función de un estudio de mercado, permitiendo que se encuentren adecuadamente referenciados al mercado inmobiliario.

Valores catastrales revisados por el tiempo que marca la ley

El tiempo que marca la ley para actualizar los valores catastrales son; cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva y se realizará a partir de los 10 años desde dicha fecha. (artículo 28.3 de Ley del Catastro Inmobiliario)

Municipios con los valores catastrales actualizados y aprobados
Municipios con los valores catastrales actualizados y aprobados

Acceso a los municipios con actualización catastral publicados en el BOE

Algo más de 1.400 municipios de toda España, alrededor de un 20% del total, actualizarán en 2020 el valor catastral de los inmuebles urbanos no revisados al menos, antes de 2013. La relación de este nuevo catastrazo se recoge ya en la orden preceptiva aprobada por el Ministerio de Hacienda.

Según publicación en BOE la Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Si necesita comprobar si se encuentra dentro de los municipios que incrementará su subida para este 2018 consulte aquí.

Coeficiente corrector y consecuencias de esta actualización en su información catastral

Las consecuencias del coeficiente corrector 2018 son:

1.- Incremento del valor catastral de los inmuebles urbanos situados en los términos municipales de la Orden  HAP/1553/2016, de 29 de septiembre.

2.- Incremento indirecto de la recaudación por IBI en dichos municipios.

Cuáles son sus derechos con respecto a estas modificaciones catastrales

  • A que en el Catastro figuren debidamente descritos con sus características físicas, jurídicas y económicas todos los inmuebles, de los que sea titular, objeto de la valoración.
  • A que sus propiedades se encuentren correctamente valoradas.
  • A que se le notifique, en tiempo y forma, los valores catastrales de los bienes inmuebles de los que sea titular, resultantes de los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, parcial, simplificada y procedimientos de incorporación.
  • Al conocimiento de los elementos y criterios tenidos en cuenta en la valoración.

Ley de catastro inmobiliario en el BOE consolidado

A continuación adjunto varios links con toda la normativa referente a este tema para consulta y estudio de todas las personas que estén interesadas.

1.- Código de Normativa Catastral

2.- Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social

Aplicación del coeficiente de actualización a los valores catastrales aprobados en España

Según publicación en BOE la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se estableció la relación de municipios a los que se aplicarán los coeficientes de actualización de los valores catastrales que tendrán que fijarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Si quieres saber que municipios españoles estuvieron afectados en la actualización de valores para el  2017 pincha aquí.

Si precisas de servicios jurídicos, si tienes alguna duda legal y estás en Sevilla, pásate por nuestro despacho. Estaremos encantados de solucionar cualquier duda que quieras plantearnos

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Soy María Murciano, pertenezco al Colegio de Abogados de Sevilla mi nº es el 14.266 y tengo despacho propio junto con otros compañer@s  en la Avenida de Luis Montoto 88 7ºB Sevilla. Contáctame por teléfono 954092470 o  e-mail: abogadadigital@gmail.com estamos dispuestos para resolver cualquier problema jurídico que tengas