Destacado

Introducción al Derecho Administrativo

👉 Qué es el derecho administrativo y qué me interesa conocer de él como ciudadano

Para los que investigan por primera algo Derecho Administrativo, materia con la que me gano la vida, os aporto alguna cuestiones básicas de esta disciplina por si os interesa!: su definición, las funciones que se llevan a cabo  por parte de las Administraciones Públicas en términos generales, la importancia de los principios que deben de presidir y/o gobernar los actos administrativos y, por último, algunas notas esenciales del procedimiento administrativo.

👉 Concepto del derecho administrativo

El Derecho Administrativo, es el Derecho de las Administraciones Públicas y resto de poderes públicos al relacionarse con los administrados (ciudadanos) y con el personal a su servicio (empleados públicos -personal laboral y funcionarios-).

👉 Y a mí para qué me sirve el derecho administrativo

Pues mira, si vas a opositar, es decir, que tu empresa sea el Estado, y tus clientes todos tus ciudadanos; es la herramienta básica para desempeñar tu futuro trabajo. Así que familiarizarte con todos estos conceptos, será crucial para tu vida.

Para los ciudadanos y personas normales y corrientes, el derecho administrativo es mas cotidiano de lo que creemos. Para recurrir una multa; embargos…pedir todo tipo de subvenciones, solicitar derechos básicos como Ley de Dependencia, garantizar la protección de mis datos personales, y un largo etc.

Si eres abogado en ejercicio, sabes compañero, que antes o después, litigaras con la discrecionalidad de Administración. Así que vete bien preparado, y defiende poderosamente el interés de tu representante con honor y con sentido dela justicia. No sé tú, pero yo estudié esta carrera para ayudar a mis iguales a defenderse de las injusticias que nos acechan por todas partes.

👉 Actividades y funciones de la Administración

En primer lugar, las funciones de autoridad, que se consideran soberanas, porque solo cabe el derecho administrativo, porque el tipo de función va a marcar el régimen jurídico. Un ejemplo significativo de ello, lo podemos encontrar en un Ayuntamiento, a través de su Alcalde, imponiendo una sanción administrativa.

En segundo lugar, las funciones mercantiles, donde es legítimo el derecho privado de la Administración. Imaginemos una Sociedad Mercantil Pública que su actividad, en términos generales, escapa al derecho público.

Y, por último, las funciones intermedias, que son las de carácter prestacional, son públicas, pero no son de autoridad y en ellas es posible el derecho privado.

👉 Cuales son las funciones intermedias de una Administración

Las funciones intermedias del Derecho Administrativo, como hemos indicado, son funciones de carácter prestacional, y son públicas, por ejemplo: prestación de un servicio de transporte, abastecimientos, enseñanza, sanidad, etc.

En ellas, en determinados ámbitos, es posible que entre en juego el derecho privado, aunque la mejor opción es la aplicación en su integridad del derecho administrativo. En algunas ocasiones, se utiliza el primero de ellos (privado) para huir del segundo (administrativo). En estos supuestos de fraude, la Administración corre el riesgo de anulación de sus actuaciones.

En este último caso, el levantamiento del velo y los actos separables, son técnicas fundamentales para corregir dicha situación. Pero estas doctrinas son ya, para un uso avanzado de esta disciplina.

Que es el procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo es definido de manera tradicional como “el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.”

Se entiende como una garantía a favor del ciudadano frente a la Administración Pública. El procedimiento administrativo regula las cuestiones de capacidad, de representación, la forma de presentar documentación a la Administración Publica, cuestiones fundamentales en la relación entre el administrado y la Administración.

A grandes rasgos, conviene señalar, que el acto administrativo viene regulado en dos leyes. Por un lado, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, por otro, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, recogen las disposiciones de carácter general, la nulidad tasada del acto administrativo (por ejemplo, en el caso de un acto de contenido imposible, un acto que no sigue las reglas esenciales del procedimiento entre otras), la anulabilidad como vicio, las irregularidades no invalidantes.

Así mismo, en el seno del procedimiento administrativo, conviene destacar la ejecución del acto administrativo, la forma de llevarla a cabo, como se puede incurrir en una vía de hecho si no se siguen las pautas de ejecución de tener un acto de cobertura que sirva de legitimación a ese acto ejecutorio, los medios de ejecución del acto, la compulsión sobre las personas, los apremios o la ejecución subsidiaria son cuestiones muy importantes en la práctica.

Recursos administrativos alzada y reposición

En cuanto a los recursos, destaca el recurso potestativo de reposición y el recurso de alzada. Si bien, ya dediqué una entrada completa a la figura del recurso de alzada, porque entiendo que es la figura mas recurrente para la gente corriente ( como quien escribe…). Aprovecho para decir, que a todas las personas multadas en el seno del estado de alarma, esta es la figura jurídica que deben utilizar en caso de sanción administrativa.

En importante recordar que, cuando esté previsto legalmente, debe interponerse por el particular el recurso correspondiente, pues de lo contrario no se verá agotada la vía administrativa. Frente a la resolución de cualquiera de dicha impugnaciones, queda expedita la vía contencioso – administrativa.

Destacado

Qué es el domicilio fiscal para Hacienda

El domicilio fiscal es el lugar determinado por la persona a efectos de su localización en sus relaciones con la Hacienda Pública. Para las personas físicas se entenderá como domicilio fiscal su dirección de residencia habitual.

Pero la determinación del domicilio fiscal para un autónomo o para una empresa, en muchos casos, no es indiferente. En determinadas situaciones, conviene ubicarse en una comunidad autónoma en concreto, al objeto de aplicarse beneficios fiscales e incluso percibir ayudas o subvenciones. En otras ocasiones, a la empresa le interesa desplazar su domicilio fiscal a otra comunidad autónoma a efectos de imagen corporativa.

Regulación jurídica del domicilio fiscal

Con independencia de la normativa sectorial y autonómica de aplicación, el artículo 8.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en cuyo artículo 8 y bajo la rúbrica “Residencia y domicilio”, que dice:

“b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de su negocio. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección”.

Asimismo, expone, que en aquéllos casos en los que no se determinase el domicilio fiscal conforme a los parámetros anteriores, prevalecerá donde radique el mayor inmovilizado.

Requisitos para determinar el domicilio fiscal de una sociedad

Para determinar correctamente el domicilio fiscal de la sociedad en cuestión, tal y como se ha indicado, conviene acudir a la gestión administrativa y dirección del negocio. No obstante los Tribunales de Justicia, han matizado en multitud de Sentencias este concepto, a fin determinar su significado.

Por todas, Sentencia núm. 162/2019 de 12 febrero. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª):

«Se entenderá como lugar en el que está centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios aquel en que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que exista en él una oficina o dependencia donde se verifique normalmente la contratación general de la Entidad, sin perjuicio de la que es propia y característica de las sucursales y de la que pueda desarrollarse en otros lugares, dada la naturaleza de las actividades ejercidas.

b) Que en él, o en oficinas habilitadas al efecto en el territorio a que se extienda la competencia de la misma Delegación de Hacienda, se lleve de modo permanente la contabilidad principal, con el desarrollo, justificantes y antecedentes precisos para poder verificar y apreciar en debida forma todas las operaciones sociales.

c) Que dentro del repetido territorio estén domiciliados fiscalmente administradores o gerentes de la Entidad en número adecuado para que sea debidamente ejercida la dirección de los negocios sociales.

Se estaba, por tanto, al lugar de la contratación en general, al de llevanza de la contabilidad y al de domiciliación de los administradores o gerentes, criterios que carecen hoy ciertamente del soporte normativo que tuvieron en el pasado, pero conservan el peso específico de su significado con apoyo en que el artículo 12.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (RCL 2003, 2945) , General Tributaria.

En cualquier caso, es preciso analizar las especificidades de cada caso concreto. En este sentido, SSTS de 18/06/2015 (RJ 2015, 2959) , 19/12/2015 y 27/01/2016 (RJ 2016, 282):

“Y es que, como señala el Tribunal Supremo en muchos de sus pronunciamientos, esa expresión «centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios» es una expresión compleja que no viene definida ni delimitada legalmente, sino que debe conformarse caso por caso, integrándose en función no sólo de las circunstancias concretas objetivas que concurren en cada supuesto, sino también y fundamentalmente en función de la concreta sociedad de que se trate y en particular de la actividad a que se dedica.»

Puede Hacienda revisar el domicilio fiscal señalado

Totalmente sí; y lo puede hacer en cualquier momento con objeto de evitar posibles fraudes. Dicha facultad por parte de Hacienda, resulta irrogada directamente por el artículo 48.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que reseña expresamente:

“Cada Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le competa con arreglo al procedimiento que se fije reglamentareamente”.

Procedimiento para rectificar el domicilio por parte de Hacienda

Se encuentra regulado en el artículo 149.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT), al señalar:

“El procedimiento de comprobación del domicilio fiscal, se iniciará de oficio por acuerdo del órgano que se establezca en la norma de organización específica, por propia iniciativa o a solicitud de cualquier otro órgano de la misma o de otra Administración tributaria afectada. Dicha solicitud se acompañará de un informe sobre los antecedentes que fuesen relevantes”.

Asimismo, junto al acuerdo de inicio de rectificación del domicilio por parte de Hacienda, se pondrá de manifiesto el expediente administrativo al interesado para que, frente al mismo y en el plazo de 15 días, formule las correspondientes alegaciones aportando las pruebas que estime oportunas.

Ello de conformidad con el artículo 34.m de la LGT y su correlativo artículo 149.4 del meritado RGAT.

Con posterioridad, la Agencia Tributaria dictará la oportuna resolución que podrá ser recurrida bien potestativamente en reposición mediante la interposición de reclamación económica administrativa. En ambos casos, en el plazo para interponerlo es de un mes a contar desde el día de notificación de dicho acto administrativo.

Que efectos tiene el cambio de domicilio fiscal

En el supuesto en el que Hacienda rectifique el domicilio fiscal señalado por el interesado de oficio, será a partir de la resolución definitiva cuando la misma despliegue sus efectos. Conllevará la interrupción del instituto de la prescripción en lo que se refiere a los cuatros años precedentes.

En este sentido, resulta significativa la Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 0/02406/2017/00/00 de 11 de Marzo de 2019, que expone:

“Los efectos del cambio de domicilio de oficio en obligaciones materiales concretas, debe atenderse a la fecha de notificación de la resolución por la que se rectifica el domicilio fiscal del sujeto pasivo, y no del acuerdo de inicio, por cuanto la norma explícitamente recoge que tales obligaciones tributarias formales «sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar estas últimas«, vinculando o limitando la «exigencia» de aquéllas, a la prescripción del derecho a determinar las obligaciones tributarias sustantivas, excluyendo exigir’ o rectificar de oficio el domicilio fiscal cuando el plazo de prescripción de la obligación tributaria sustantiva ya hubiera trascurrido. Si el acto administrativo por el que se rectifica el domicilio fiscal del contribuyente, como cualquier otro, no despliega plenamente sus efectos jurídicos frente al sujeto pasivo hasta su notificación al interesado (art. 57.2 de la derogada Ley 30/1992, actual 39.2 de la Ley 39/2015), habrá que estarse a la eventual prescripción del derecho a regularizar aquellas obligaciones tributarias materiales en la fecha de notificación del mismo, prescripción que, obviamente, tan sólo podrá interrumpirse por actuaciones de la Administración, o del obligado tributario, de las contempladas en el artículo 68.1 de la Ley 58/2003.”

Qué debo saber del domicilio fiscal si soy autónomo

a) El domicilio fiscal de cada sociedad no corresponde determinarlo discrecionalmente a cada contribuyente, sino que deberá coincidir con el territorio donde se desarrolle la gestión administrativa y dirección del negocio.

b) Para velar porque el domicilio fiscal referido por cada administrado coincide con el anterior extremo, Hacienda podrá revisar y, en su caso, rectificar el mismo. Ello, siguiendo el procedimiento legal y reglamentareamente establecido al efecto.

c) Será a partir de la resolución definitiva de rectificación del domicilio por parte de la Agencia Tributaria (y no antes) cuando la misma despliegue sus efectos. Supondrá la interrupción de la prescripción en los cuatros años precedentes.

Destacado

Responsabilidad Patrimonial de la Administración

Requisitos para que opere la Responsabilidad Patrimonial de una Administración Pública

La responsabilidad patrimonial es una obligación de las Administraciones Públicas. Consiste en indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Existe la excepción de los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar conforme a derecho.

Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas

El régimen jurídico que regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se encuentra recogido en dos leyes en la actualidad:

En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), artículos 32 a 37, los cuales engloban de los principios y aspectos sustantivos del sistema de responsabilidad pública.

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en la cual se comprenden las particularidades aplicables a la tramitación de la responsabilidad patrimonial en sus artículos 24.1, 35.1 h), 61.4, 65, 67, 81, 82.5, 86.5, 91, 92, 96.4 y 114.

Requisitos para que se produzca la responsabilidad patrimonial

En principio, hay que aclarar que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, resulta ser una Institución de por sí compleja, cuya operatividad pende del cumplimiento de estrictos requisitos, matices que no pueden ser obviados y límites que hay que conocer y respetar.

Así, en lo que respecta propiamente a las características generales del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Nos encontramos como base constitucional al artículo 106.2 de la Carta Magna, el cual reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados en los términos establecidos por la ley.

Asimismo está el artículo 32 de la LRJSP y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, la delimitación del derecho de las personas a ser indemnizadas por el Estado siempre y cuando se materialicen las condiciones que la ley establece.

De tal forma que, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Administración, es necesario que operen acumulativamente, el siguiente orden de requisitos:

  • La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
  • Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e indirecta y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.
  • Ausencia de fuerza mayor, lo que no de caso fortuito.
  • Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia naturaleza.
  • Que no haya transcurrido más de un año desde que el daño en cuestión se produjo o desde que el alcance de éste pudo ser valorado y determinado.

Cuando se cumplen todos los requisitos

En relación con los antedichos requisitos, varios apuntes de carácter general al respecto:

  • La efectividad del daño

Se encuentra configurada en el artículo 32.2 de la LRJSP y encuadra tanto los daños materiales, como los personales y morales, excluyéndose los daños hipotéticos que no puedan probarse.

Asimismo, en lo referente a la individualización del daño, esta es concerniente a que el perjuicio proveniente de la Administración recae sobre una persona o grupo de personas concreto y determinado.

  • Atribución del daño a un servicio público

A los fines del artículo 106.2 de la Constitución, la Jurisprudencia (STS de 5 de junio de 1989 -RJ 1989,4338- y 22 de marzo de 1995), ha homologado como servicio público, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.

Como ya vimos, la imputación de responsabilidad patrimonial requiere que la lesión que sufra el particular deba provenir del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. No obstante, esto no significa necesariamente que todos los daños que puedan llegar a acontecer en el ámbito de actuación de servicios públicos deban imputarse a la Administración, ya que además necesita que el daño se encuentre conectado causalmente con el funcionamiento del servicio. Esto es, que la causa desencadenante de la lesión sea consecuencia del funcionamiento -normal o anormal- de los servicios.

Responsabilidad por fuerza mayor

En este supuesto, la Administración queda exonerada de responder si el daño se produjo por fuerza mayor, es decir, por la existencia de una causa externa al funcionamiento del servicio público. Son casos en los que el daño proviene de factores externos e imprevisibles que quedan fuera del poder de actuación de la Administración (el artículo 32.1 de la LRJSP lo plasma como causa de exclusión de la responsabilidad). Asimismo, el artículo 34.1 de la LRJSP estipula que tampoco serán indemnizables los daños que se deriven de hecho o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

No obstante, el caso fortuito no exonera a la Administración de su responsabilidad, por tratarse de casos en que sí puede atribuirse a su funcionamiento, toda vez que el daño que se genera cabría calificarlo como previsible y evitable. En este caso, habrá que estarse a la casuística concreta para determinar si el hecho era o no previsible y si la Administración pudo haber desplegado sus potestades para evitarlo (por ejemplo, el desprendimiento de piedras en la carretera).

  • Antijuridicidad del daño

El daño o perjuicio sufrido por el particular solo será indemnizable si se trata de una lesión auténtica, esto es, un daño que el particular no tiene el deber jurídico de soportar conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la LRJSP.

Como sabemos, es inusual el caso en que las normas estipulen de forma expresa los perjuicios que las personas tienen el deber jurídico de soportar, por lo que fuera de los casos en que las leyes permiten imponer una carga u obligación (impuestos, expropiación, etc.) la ausencia de antijuridicidad debe suponerse en general del ordenamiento legal

Plazo de actuación para que se produzca

Conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

De tal forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, teniendo las siguientes particularidades:

  1. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
  2. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
  3. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la LRJSP, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” o en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Responsabilidad patrimonial y Ley de Dependencia

Por todo lo narrado con antelación, podemos decir que la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando que, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

En el caso de las personas que hayan solicitado los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, sin obtener su recurso en el plazo de seis meses, siempre que se den los requisitos anteriormente descritos, pueden ser indemnizables por parte de la Administración competente.

Esta fundamental no sólo demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño. Pero no es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos.

Destacado

Notificaciones administrativas infructuosas

Plazo de publicación en el BOE para el caso de las notificaciones administrativas infructuosas

Qué es una notificación administrativa. Cuando se considera que estamos ante una notificación infructuosa de la Administración. ¿Existe un plazo de publicación en el BOE?

La notificación administrativa es una actuación principal en el procedimiento administrativo que garantiza la eficacia del acto administrativo. Toda notificación deberá ser tramitada y efectuada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en la que se haya dictado el acto.

Es fundamental, porque es el acto que garantiza la plena efectividad en la esfera de derechos del administrado; es decir: la persona se da por enterada de lo que está pasando a ojos de la Administración.

La notificación deberá contener:

  • El texto íntegro de la resolución
  • Si pone fin o no a la vía administrativa
  • Los recursos administrativos que se pueden interponer (tanto en vía administrativa como judicial)
  • Órgano al que se presentan dichos recursos y el plazo

Para dar cumplimiento de la obligación de notificar dentro del plazo máximo establecido, será suficiente la notificación con el texto íntegro de la resolución y los intentos de notificación debidamente acreditados.

Notificación infructuosa y necesidad de publicación en el BOE

Se entiende por notificación infructuosa, cuando no se ha podido practicar el acto de notificar, es decir; no se ha entregado al administrado el contenido de lo que se quería comunicar. Por tanto a ojos de la Administración la persona sigue ciega. Es muy importante porque afecta al concepto de “indefensión” y a nuestros derechos constitucionales.

Tengo derecho a saber en todo momento que actos realiza la Administración queme afecte, y así tomar las medidas oportunas. Lo que se conoce como el derecho a la tutela judicial; de ahí la importancia de que la notificación cumpla con todos los requisitos formales.

El art. 44 regula la notificación infructuosa, se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado la notificación cuando:

  • Se desconozcan a los interesados del procedimiento
  • No se conozca el lugar de notificación
  • No se hubiera podido efectuar la notificación

Si bien se cuestiona un plazo exacto para la publicación en el BOE para las notificaciones infructuosas, es necesario realizar determinadas precisiones a este particular debido a las repercusiones que tiene en la esfera de derechos del administrado. Y es que los actos de notificación cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes.

Con anterioridad a la Ley 39/2015 de 1 de octubre se entendía como notificación infructuosa, la que, tras dos intentos fallidos de notificación, la Ley permitía suplir ésta por la publicación del acto administrativo.

En la actualidad la Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre revaloriza la necesidad de que las administraciones notifiquen debidamente los actos administrativos, con indicación de los recursos procedentes advirtiendo que esa anomalía no debe perjudicar el derecho a interponer recursos. Es doctrina conocida y consolidada.

Y es que la aplicación de este precepto ha sido modulada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en orden a garantizar el derecho a la tutela efectiva de los ciudadanos, ya que ciertamente una notificación mediante publicación de un anuncio en el BOE limita el conocimiento de las resoluciones administrativas (si bien se ha visto ligeramente paliado por la posibilidad de suscripción gratuita al servicio de alertas BOE a la carta, que sólo es efectivo si en las resoluciones se indica el NIF de los interesados, lo que no sucede en este caso).

Ahora bien, siendo limitada la efectividad material de las notificaciones por edictos, cuando el interesado tiene un domicilio desconocido al domicilio al que ha sido enviada la notificación, según la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso, en su Sentencia de 17 de julio de 2019; “(…) en materia de notificaciones, es consolidada la jurisprudencia que ha declarado que lo único relevante (especialmente, a los efectos del cómputo de los plazos para ejercitar acciones administrativas o judiciales) es que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas. Así lo ha declarado la Sentencia, de 16 de noviembre de 2016, del Tribunal Supremo. El principio pro actione y el de tutela judicial efectiva impone que la notificación sólo pueda desplegar efectos en el momento en el que el administrado tiene conocimiento real de su contenido. Así lo ha declarado esta Sala en su sentencia de 16 de marzo de 2015. En materia de resoluciones sancionadoras (como ocurre en el presente caso), la Administración debe intentar la notificación en otras posibles direcciones (o al menos, acreditar que ha hecho todo lo posible par averiguarlas) antes de acudir a la vía edictal. Se remite a la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2008”.

Existe o no existe un plazo para publicar el acto administrativo

Por lo tanto no existe un plazo concreto ni automático para la publicación supletoria en el BOE del que podamos informar a su Jefatura, tan sólo indicar que uno de los principios rectores del procedimiento administrativo es el de celeridad en la tramitación (arts. 21.2 y 71.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Destacado

Prórroga para la Disposición final 7ª de Ley 39/2015

Régimen Jurídico aplicable a esta prórroga

  • Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
  • Artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, (BOE del 4 de septiembre)
  • Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto.
  • Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Cuando entra en vigor de la Disposición final 7ª de la Ley de Procedimiento Administrativo Común

La entrada en vigor de la Disposición final 7ª de la Ley 39/2015, debía haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2018, pero el Real Decreto-ley 11/2018 prolongó ese plazo dos años, hasta el 2 de octubre de 2020, y con el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, se podría haber extendido seis meses más, hasta el 2 de abril de 2021.

En la actualidad el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto  de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se encuentra derogado, por una falta de convalidación parlamentaria fruto de una mala praxis legislativa, cómo es legislar en plan gazpacho.

Este Decreto estaba pensado para legislar a las bravas una serie de medidas financieras, tales como:

– a la aplicación de la regla especial del destino del superávit de 2019 de las entidades locales para financiar inversiones financieramente sostenibles,

– a actuaciones relativas al remanente de tesorería para financiar determinados gastos en sectores de especial relevancia social, derivados de la crisis sanitaria,

– a la autorización de créditos extraordinarios para la recuperación económica y social y para hacer frente al déficit extraordinario del transporte público local,

– medidas de apoyo a ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero o con problemas de liquidez

– y a otras normas de gestión presupuestaria de carácter extraordinario y urgente.

¿Quiere decir esto que entra en vigor el 2 de octubre de 2020 la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre? Rotundamente; NO.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia amplia el plazo nuevamente

Pues siguiendo con esta mala técnica, el flamante a estrenar Real Decreto del Teletrabajo, que comentaré mas adelante, regula de todo. Hasta el procedimiento del Ingreso Mínimo Vital. Aunque lo que en este post, nos interesa es lo que hace con el Registro electrónico.

En su Disposición final novena, incluye una modificación específica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de ampliar el plazo de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la referida norma, en lo relativo a:

Registro electrónico de apoderamientos-

Registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados.

Punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo electrónico;

Y todo ello, ante la dificultad de concluir los procesos de adaptación necesarios antes del 2 de octubre de 2020,  se ha ampliado hasta el 2 de abril de 2021, fecha a partir de la cual producirán efectos las previsiones sobre tales materias.

Seguiré informando en los próximos días, creo que este Gobierno se ha empeñado en hacernos estudiar ingeniera jurídica a todos los españolitos de a pie. Si lo llego a saber en COU me matriculo en artes adivinatorias y exorcismos (como está de alterado el personal) . Que Dios reparta paciencia y lexatines.