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Ingreso mínimo vital exento del pago de IRPF

Qué es el ingreso mínimo vital y cómo lo solicito

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia donde se carecen de recursos económicos básicos para cubrir las necesidades vitales más elementales. Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Para saber más sobre como solicitar esta prestación sólo hay que pinchar aquí. Aunque yo personalmente, les recomiendo solicitar una cita con el trabajador social que les corresponda en su Ayuntamiento, y que sean estos profesionales quienes les orienten en este procedimiento.

Las asociaciones o entidades del tercer sector enfocadas en la insercción social también realizan labores de asesoramiento en este sentido, y pueden ser muy clarificadoras en todos estos laberintos burocráticos.

Eximir el ingreso mínimo vital del pago del IRPF del año 2020

Si usted ya ha podido acceder a esta prestación pero lo que le preocupa es cómo puede afectar en su tributación del IRPF del año 2020, permítale decírle, que esta misma mañana el BOE ha publicado un Decreto Ley, donde exime de buena parte del ingreso mínimo vital del pago del IRPF.

La prestación concedida a los colectivos vulnerables quedará exenta en el IRPF en los mismo términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidad autónomas en concepto de renta mínima de inserción, así como las demás ayudas establecidas por las regiones o las entidades locales para garantizar recursos económicos de subsistencia.

Es decir que las rentas mínimas de las comunidades autonómas y las ayudas básicas para alimentación y educación de los Ayuntamientos están exentas de tributar el IRPF. Esto se traduce en que no hay que pagar impuestos por estos ingresos hasta un tope en conjunto de 1,5 veces el IPREM; que son 11.279,39 euros. Lo único que hace el Decreto-ley de hoy es incluir en este listado que ya existía la prestación económica por el Ingreso Mínimo Vital; cosa que me resulta esperanzadora y totalmente coherente.

Cuanto se recibe como prestación por el Ingreso Mínimo Vital

La base de la renta partirá de 461 euros, aunque esto no significa que se realice una transferencia con ese importe cada mes; sino que ese es el nivel de ingresos que el Estado se ocupará de complementar. 

Es decir; que si una persona que vive sola ingresa 200 euros al mes con un trabajo a tiempo parcial, la renta mínima que recibirá del Estado será de 261 euros, para así poder llegar a los 461 euros que garantiza el Estado.

Cómo sé perfectamente que este tipo de información no es comprensible a las personas que más la necesitan; insisto en recordarles que los Servicios Sociales de nuestros municipios son la mejor herramienta para poder acercarnos a las prestaciones públicas que necesitamos.

Cojan cita en el Ayuntamiento de donde residan y pidan orientación a sus trabajadores sociales; también pueden contactar con las entidades competentes de sus Comunidades Autónomas o Diputaciones. También pueden solicitar orientación jurídica gratuita en los Colegios de Abogados de sus ciudades. Hagan valer sus derechos siempre;y no se rindan nunca. Esto también pasará…María Murciano

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Como reclamar intereses de demora a la Administración

🏅 Cómo calcular intereses de demora contra la Administración

Los abogados administrativistas normalmente se ven envueltos en problemas relacionados con el cálculo a la hora de reclamar los intereses de demora adeudados por la Administración. Es una de las cuestiones más complejas en este tipo de prácticas jurídicas.

Por eso, esta abogada de cabecera digital ha elaborado un pequeño manual a modo orientativo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el tipo de interés a aplicar va a depender de la naturaleza de la deuda y de la legislación aplicable.

Con carácter general la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece con carácter general como interés de demora el interés legal calculado conforme al artículo 24; “(…) Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación”.

🏅 El cálculo de los intereses de demora para las subvenciones

En el caso de las subvenciones debemos tener presente que desde el 18 de febrero de 2004 debe aplicarse el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones; Ley 38/2003. En este caso el interés de demora será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

🏅 Calcular los intereses de demora en caso de la responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial de la Administración, es una de las figuras mas difíciles de establecer para cualquier jurista. El cálculo del daño producido a los particulares, a veces es tan intangible, que concretizarlo en una categoría de supuestos, se hace muy arduo. El cálculo de los intereses de demora de las indemnizaciones también es tarea costosa; pero se calcularán con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fín al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado en el INE, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria (artículo 34.3 de la Ley 40/2015)

Intereses de demora en el ámbito de la contratación pública

La clave del cálculo de los intereses de demora frente a la Administración Pública y en el ámbito de la contratación pública, se encuentra en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante, LCSP.

Con carácter previo a reclamar a la Administración Pública los correspondientes intereses de demora, hemos de clarificar los siguientes extremos. Lo primero que debemos tener claro, es saber el plazo dispone la Administración para abonar el precio de un contrato. Y tal y como advierte el inciso inicial del artículo 198.4 LCSP, que determina que el plazo es de 30 días naturales desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista.

Trascurrido el plazo sin haberse abonado el precio del contrato, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora, y en su caso, la indemnización por los costes de recobro previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si el pago de precio del contrato ha de hacerse en 30 días desde la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista, cabe plantearse cual es el plazo que dispone entonces la Administración para aprobar estos documentos

Plazo que dispone la Administración para los intereses de demora

Con carácter general, y salvo algunas especificaciones previstas para los contratos de obra en los artículos 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estos documentos o certificaciones deben aprobarse en el plazo de 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios por parte del contratista.

Además para que se pueda iniciar el cómputo para el devengo de los intereses de demora, es imprescindible que el contratista haya presentado facturas correspondientes ante el registro administrativo. De lo contrario, si el contratista no presenta las facturas en ese plazo no comenzara a computar hasta transcurridos 30 días desde la presentación de las facturas.

En definitiva, se cuenta con 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios para aprobar las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista, y para presentar por parte del contratista las correspondientes facturas. Y, 30 días desde la aprobación de las certificaciones de obra o los documentos de conformidad, o cuando la factura se haya presentado fuera de plazo, desde la correcta presentación de esta, para que la Administración abone el precio del contrato.

Todo esto son algunas pinceladas que espero ayuden a la dura del jurista que pleitea concienzudamente contrala Administración, a fin de hacer un intento de restaurar justicia entre la ciudadanía; y he aquí mi granito de arena a tan loable intento…

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Nulidad anulabilidad y revisiones de oficio en la Administración

Qué es un acto administrativo nulo de pleno derecho

Un acto administrativo nulo de pleno derecho es ineficaz y carece de efectos jurídicos por contravenir gravemente las normas que regulan la competencia en su adopción, el procedimiento establecido o su contenido.

Son actos nulos de pleno derecho los contrarios a las normas imperativas o prohibitivas salvo que en ellas se disponga otra cosa ( art. 6.3 del Código Civil )

Para que un acto administrativo sea nulo de pleno derecho, deberá de ser revocado. Una vez que esto suceda, carecerá de efectos jurídicos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Características del acto administrativo nulo

El acto administrativo nulo de pleno derecho se caracteriza por:

Tal y como muestra STS 913/2020 de la Sala Tercerca de lo Contencioso-Administrativo [j 6] esta apreciación de oficio para la acción de nulidad en ningún caso puede corresponder a los interesados en el proceso, tan sólo a la Administración.

Que es un acto administrativo anulable

En cambio la anulabilidad de un acto administrativo, sucede cuando:

  • Se infringe el ordenamiento jurídico.
  • No reúne los requisitos de forma indispensables para alcanzar su fin.
  • Provoca indefensión a los interesados.
  • Es realizado fuera del tiempo establecido, siendo el término o plazo indispensable para el propio acto.

Mientras la nulidad de un acto administrativo supone su desaparición del mundo jurídico, la anulabilidad permitirá retrotraer el procedimiento, eliminar el vício y que continúa el procedimiento a partir de entonces.

Regulación jurídica de la nulidad y anulabilidad

Ambas figuras, se encuentran expresamente recogidas en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cómo se declarar nulo o anulable un acto administrativo

La revocación de los actos administrativos es la facultad que compete a las Administraciones Pública para sustituir un acto inválido, dejándolo sin efecto, por otro conforme a derecho.

La Administración puede revocar un acto administrativo por entender que el mismo no resulta ser ajustado a derecho. Para ello tiene que valorar, en primer lugar, si el vicio es de nulidad, en cuyo caso se procederá a la revisión de oficio del acto administrativo o disposición, o, si, por el contrario, se trata de un vicio de anulabilidad, recurriéndose entonces al procedimiento administrativo de declaración de lesividad.

Revisión de oficio de los actos administrativos y disposiciones

La revisión de oficio tiene una trascendencia práctica relevante. Se insiste en que cuando la Administración ha dictado un acto administrativo (de oficio o a instancias de parte), puede revisar de oficio el mismo siempre que sea nulo de pleno derecho, no existiendo un plazo determinado, aunque la jurisprudencia ha desarrollado una serie de criterios tendentes a impedir que se proceda dicha figura cuando ha transcurrido un periodo de tiempo dilatado o por cuestiones de equidad y actos propios.

Revisión de oficio de los actos nulos y de los reglamentos

En relación a la revisión de disposiciones y actos nulos, el art. 106 de la LPAC, dispone lo siguiente:

  • Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ap.1 del art. 47 de la LPAC.
  • Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el ap. 2 del art. 47 de la LPAC.

No obstante, hay que recordar que la revisión de oficio se produce, como su nombre indica, “de oficio” por la propia Administración para revisar sus actos nulos. No obstante, también se podrá llevar a cabo a instancias de un particular.

Por último, procede destacar que, el particular afectado por la revisión de oficio, será el que actúe como recurrente en el contencioso siempre que la revisión de oficio prospere.

Acción para solicitar la revisión de oficio

Con respecto a la legitimación de un particular para instar una acción de revisión de oficio, hay que matizar que, dicha revisión no procede actualmente frente a los reglamentos. De esta forma, un administrado, mediante la acción revisión, no puede instar a la Administración a que revise un reglamento, aunque la Administración si puede revisar de oficio una disposición de carácter general.

Por otro lado, la revisión de oficio, procede contra actos de gravamen. En este caso, puede revisar de oficio dicho acto de la Administración (lo cual entra en conflicto con la revocación de actos), pero, también se puede instar la revisión de oficio incluso por un particular frente a un acto de gravamen. 

La declaración de lesividad de los actos anulables

La declaración de lesividad procede frente a actos administrativos que no son nulos de pleno derecho, es decir, frente a actos administrativos anulables.

La Administración tiene obligación de revisar los actos y declarar su lesividad, pero no existe una acción a favor de terceros para poder exigir a una Administración a que realice una declaración de lesividad. En definitiva, en términos generales, no procede la acción para obligar a la Administración a que declare lesivo uno de sus actos.

Aspectos procesales de la lesividad

En vía administrativa, la Administración declara que un acto es lesivo, es decir, que se trata de un acto ilegal y dañoso para el interés público, y concede audiencia al particular (por ejemplo, un contratista al que se ha hecho un abono de más).

Una peculiaridad desde el punto de vista procesal radica en que la Administración figura como recurrente, de modo que se introduce en vía judicial mediante el correspondiente recurso contencioso – administrativo, conforme al artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, adjuntando el expediente administrativo a la demanda. Posteriormente, se da traslado de la demanda al particular, el cual, además, es citado en otrosí indicándose su nombre completo y dirección.

Diferencias entre la revisión de oficio y la declaración de lesividad

La revisión de oficio se caracteriza porque, cuando se tramita un procedimiento de revisión de oficio, se ha de acudir el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, al objeto de que emita un dictamen previo.

Por el contrario, en la declaración de lesividad, no se exige un dictamen previo por parte del Consejo de Estado u órgano equivalente, pero tiene la particularidad como hemos comentado, de que en el procedimiento judicial, la Administración es parte recurrente.

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Como puedo evitar ir a una mesa electoral

Qué es una mesa electoral

Las mesas electorales son órganos formados por ciudadanos elegidos por sorteo, encargados de recibir los votos de los ciudadanos y de hacer el recuento en un proceso de elecciones. Les corresponde presidir el acto de votación, controlar el desarrollo de la votación y realizar el recuento y el escrutinio.

La mesa forma parte de la administración electoral, y sus miembros gozan de inmunidad e inviolabilidad durante toda la jornada electoral, pudiendo ser detenidos solo en caso de flagrante delito. Durante esa jornada, no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Tribunal Supremo. Una mesa electoral suele estar formada por tres ciudadanos: un presidente y dos vocales.

A la hora de votar se constituye una  mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, además de tres sustitutos que se les asignan y que deberán de presentarse en la mesa electoral el día de las elecciones. Vamos a ver en qué casos se puede evitar ir a la mesa electoral si hemos resultado elegidos.

Causas para evitar ir a una mesa electoral

Son varias las causas que pueden justificar la no asistencia a una mesa electoral, eso sí, es necesario que se pueda demostrar y debe ir acreditado con los correspondientes certificados:

– Quienes deban prestar durante la jornada electoral servicios esenciales, como médicos, sanitarios, bomberos o protección civil entre otros.

– Aquellos con funciones electorales y que prestan sus servicios a los Juzgados, Juntas Electorales y Administraciones Públicas.

– Directores de medios de comunicación y jefes de servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral.

– Profesionales que deban participar en acontecimientos públicos,que no puedan ser sustituidos y la no participación produzca graves perjuicios económicos.

Causas por razones personales para evitar ir a la mesa electoral

– Mayores de 65 años y menores de 70.

– Discapacitados.

– Incapacidad temporal para el trabajo.

– Internos en centros penitenciarios u hospitales psiquiátricos.

– Pensionistas con incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

– Pensionistas con incapacidad permanente total para ejercer una determinada profesión, siempre que los factores que predispongan  la incapacidad, le impidan ejercer las funciones de miembro de la mesa electoral.

– Embarazo, a partir de los seis meses, periodo de descanso maternal, y aquellas situaciones de riesgo durante los primeros seis meses del embarazo también es una causa para librarse de ir a la mesa electoral.

– Enfermedad física o psíquica que le impida ejercer las funciones correspondientes.

– Tener prevista una intervención quirúrgica o la realización de pruebas clínicas relevantes el día de la votación, en los días inmediatamente anteriores, o en el día siguiente a la misma.

– Pertenecer a  o comunidades religiosas en las que el régimen de clausura resulten incompatibles con la participación en una mesa electoral.

– Cambio de la residencia habitual a  otra Comunidad.

Razones familiares para evitar ir a la mesa electoral

– Ser madre en periodo de lactancia hasta que el bebé cumpla nueve meses.

– Ser madre o padre de menores de 14 años, siempre que se acredite que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada electoral,

– Cuidado directo de menores de ocho años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

– Cuidado continuo de familiares hasta segundo grado de consanguinidad de personas que por accidente o enfermedad no pueden valerse por sí mismos.

– Eventos familiares relevantes que no se puedan aplazar o que provoquen perjuicios económicos.

Multas por no presentarse a la mesa electoral

Según la Ley Electoral, son obligatorios los cargos de Presidente, Vocal y suplentes, por tanto quien abandona su cargo sin justificación y no acude a la mesa electoral puede incurrir en un delito electoral, que está castigado con una pena de arresto de 7 a 15 fines de semana y multas que pueden ir desde los dos a los diez meses.

La designación como presidente y vocal de las mesas se notificará a los interesados, quienes, junto a esa notificación recibirán un manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de MinistrosNo obstante, y pese a las consecuencias que puede tener no presentarse en la mesa el día de las elecciones, quienes hayan sido designados presidentes o vocales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona “causa justificada y documentada” que les impida la aceptación del cargo. La Junta resolverá, sin ulterior recurso, en el plazo de cinco días y lo comunicará, en caso de que haya sustitución, al primer suplente.

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Como solicitar o renovar el Dni en España

Qué es el DNI y para qué sirve

El Documento Nacional de Identidad (DNI) se trata de un documento que emite el Ministerio del Interior y es personal e intransferible. Dicho documento goza de la protección que a los documentos oficiales otorgan las leyes.

Es por tanto una identificación de las personas que residen en un país, compuesta por un chip que retiene información y datos digitales en países como España.

El DNI acredita la información personal y acreditativa del titular que aparece consignado a él así como la nacionalidad (española mediante este ejemplo) del individuo. Por esto, cualquier persona que tenga un DNI podrá ser identificado fácilmente, con los datos personales e identificativos que ofrecieron.

Para poder tener el DNI en España es necesario que la persona sea mayor o igual a 14 años. Si por un casual es necesario que esa persona tenga el DNI antes de esa edad, podrá solicitarse mediante la inscripción del menor en el Registro Civil.

Solicitar el DNI por primera vez

Para solicitar la expedición del DNI por primera vez será imprescindible acudir en persona a la Dirección General de Policía que te corresponda, abonar la tasas establecidas.

A determinados municipios sin Comisaría de Policía suele acudir un Equipo Móvil que se instala en el Ayuntamiento. Los ciudadanos residentes en estas localidades y en otras próximas, podrán obtener o renovar el DNI aportando los mismos documentos que en los equipos fijos. A los Ayuntamientos a los que se desplaza el Equipo Móvil les serán comunicadas, con la debida antelación, las fechas señaladas para las visitas al objeto de que, por los mismos, sean difundidas a los ciudadanos.

En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial (Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana e Illes Balears) el Documento Nacional de Identidad se expide, además de en castellano, en el idioma cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma.

Las personas que, por motivos de enfermedad, situaciones de dependencia o discapacidad, no puedan desplazarse a una Oficina de expedición, podrán obtener su DNI a través de un familiar u otra persona, quien, además de los documentos exigidos, deberá presentar en la Oficina un formulario de solicitud cumplimentado por dicha persona (familiar, representante, etc.), una fotografía del titular del documento y un certificado médico oficial o un informe médico que acredite la imposibilidad de desplazamiento. Un equipo móvil se desplazará al domicilio, o centro sanitario donde se halle, para hacerlo. (Para más información sobre la documentación necesaria en estos casos puede consultar la página web del DNI electrónico).

Documentación que hay que presentar para solicitar el DNI

– Certificado de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente, y con una antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud,  y con la mención expresa de ser expedida para los únicos efectos de obtener este documento.

–  Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, pudiendo estar expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que se solicita  el Documento Nacional de Identidad.

– Fotografía reciente en color con fondo blanco con la cabeza totalmente descubierta, sin gafas oscuras o cualquier otra prenda que pueda impedir identificar completamente a la persona.

– Si eres español residente en el extranjero, deberás de acreditar tu domicilio,  mediante certificado de la Representación Diplomática o Consular donde estés inscrito como residente.

– Los solicitantes menores de 14 años  recogerán su documento en presencia de la persona que tenga  la patria potestad o la tutela sobre el menor.

– Los menores de edad, pero mayores de 14 años, deberán recoger el DNI personalmente, dejando impresas sus huellas dactilares en el momento que realiza la solicitud.

Cómo renovar el DNI en España

Se puede solicitar la expedición del nuevo DNI, pidiendo cita previa por teléfono, o por Internet en la página Web citapreviadnie. En caso de robo, pérdida o rotura se realizará un duplicado del documento en formato electrónico,  con una validez temporal igual al documento que se va a sustituir,  siempre que la fecha de caducidad del mismo sea superior a 90 días, ya que en caso que el plazo sea inferior al indicado se realizará como una renovación normal.

Desde el extranjero no puede obtenerse el DNI; para solicitar su expedición es imprescindible la presencia física de la persona interesada en renovar su DNI, en los lugares determinados dentro del territorio nacional.

Documentación necesaria para renovar el DNI

Dependiendo de la causa de renovación del DNI, se necesitarán presentar los siguientes documentos:

Si la causa es pérdida, robo o rotura, necesitarás los siguientes documentos:

– 2 fotografías recientes tamaño carnet.
– 1 fotografía si el DNI perdido o robado era del modelo antiguo,  deberás de aportar 2 fotografías.

En algunos casos se deberá cumplimentar un impreso que se entrega en la oficina de expedición, al solicitar el DNI.

Si la causa es la caducidad del documento, se presentarán los siguientes documentos:

– 1 fotografía reciente tamaño carnet.
– DNI caducado.

Si se necesitan cambiar los datos, necesitas los siguientes documentos:

– 1 fotografía reciente tamaño carnet.
– DNI anterior.
– Documentos  que acreditan dicho cambio.

Si la causa es el cambio de domicilio, deberás de presentar los siguientes documentos:

– 1 fotografía reciente de tamaño carnet.
– DNI anterior.
– Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde tengas tu domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del DNI.

No será necesario presenta los citados documentos si el interesado da su autorización al equipo de expedición a consultar los datos de su domicilio mediante el Sistema de Verificación de Datos de residencia.