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Como reclamar intereses de demora a la Administración

🏅 Cómo calcular intereses de demora contra la Administración

Los abogados administrativistas normalmente se ven envueltos en problemas relacionados con el cálculo a la hora de reclamar los intereses de demora adeudados por la Administración. Es una de las cuestiones más complejas en este tipo de prácticas jurídicas.

Por eso, esta abogada de cabecera digital ha elaborado un pequeño manual a modo orientativo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el tipo de interés a aplicar va a depender de la naturaleza de la deuda y de la legislación aplicable.

Con carácter general la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece con carácter general como interés de demora el interés legal calculado conforme al artículo 24; “(…) Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación”.

🏅 El cálculo de los intereses de demora para las subvenciones

En el caso de las subvenciones debemos tener presente que desde el 18 de febrero de 2004 debe aplicarse el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones; Ley 38/2003. En este caso el interés de demora será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

🏅 Calcular los intereses de demora en caso de la responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial de la Administración, es una de las figuras mas difíciles de establecer para cualquier jurista. El cálculo del daño producido a los particulares, a veces es tan intangible, que concretizarlo en una categoría de supuestos, se hace muy arduo. El cálculo de los intereses de demora de las indemnizaciones también es tarea costosa; pero se calcularán con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fín al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado en el INE, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria (artículo 34.3 de la Ley 40/2015)

Intereses de demora en el ámbito de la contratación pública

La clave del cálculo de los intereses de demora frente a la Administración Pública y en el ámbito de la contratación pública, se encuentra en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante, LCSP.

Con carácter previo a reclamar a la Administración Pública los correspondientes intereses de demora, hemos de clarificar los siguientes extremos. Lo primero que debemos tener claro, es saber el plazo dispone la Administración para abonar el precio de un contrato. Y tal y como advierte el inciso inicial del artículo 198.4 LCSP, que determina que el plazo es de 30 días naturales desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista.

Trascurrido el plazo sin haberse abonado el precio del contrato, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora, y en su caso, la indemnización por los costes de recobro previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si el pago de precio del contrato ha de hacerse en 30 días desde la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista, cabe plantearse cual es el plazo que dispone entonces la Administración para aprobar estos documentos

Plazo que dispone la Administración para los intereses de demora

Con carácter general, y salvo algunas especificaciones previstas para los contratos de obra en los artículos 210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estos documentos o certificaciones deben aprobarse en el plazo de 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios por parte del contratista.

Además para que se pueda iniciar el cómputo para el devengo de los intereses de demora, es imprescindible que el contratista haya presentado facturas correspondientes ante el registro administrativo. De lo contrario, si el contratista no presenta las facturas en ese plazo no comenzara a computar hasta transcurridos 30 días desde la presentación de las facturas.

En definitiva, se cuenta con 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios para aprobar las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista, y para presentar por parte del contratista las correspondientes facturas. Y, 30 días desde la aprobación de las certificaciones de obra o los documentos de conformidad, o cuando la factura se haya presentado fuera de plazo, desde la correcta presentación de esta, para que la Administración abone el precio del contrato.

Todo esto son algunas pinceladas que espero ayuden a la dura del jurista que pleitea concienzudamente contrala Administración, a fin de hacer un intento de restaurar justicia entre la ciudadanía; y he aquí mi granito de arena a tan loable intento…

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Qué es el acoso sexual dentro de una empresa

Definición del acoso sexual en el trabajo

El acoso sexual puede definirse como realizar ciertas insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo.

Es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (Art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres).

En realidad este tipo de situaciones de acoso ha sido uno de los problemas que tradicionalmente las mujeres han tenido que afrontar solas en el entorno laboral, a pesar de suponer la vulneración de varios derechos fundamentales como son:

  • el derecho a la libertad sexual,
  • a la dignidad, a la intimidad, a la no discriminación,
  • a la salud y la seguridad en el trabajo.

Por todo ello, podemos decir que el acoso sexual se inscribe en tres grandes ejes: la violencia contra las mujeres, un entorno laboral sexista y un marco de abuso de poder.

Aunque la mayoría de los casos de acoso no implican violencia física; sí ocasionan daño psicológico a la víctima. Y es que la situación de tensión emocional y ansiedad prolongada en el tiempo, salpicadas con amenazas sobre el trabajo, hacen que la víctima vaya sucumbiendo psicológicamente.

Cómo se produce el acoso sexual en un entorno profesional

El acoso sexual puede producirse entre personas de igual o distinto nivel jerárquico, tengan o no una relación de dependencia dentro de la estructura orgánica de la empresa.

Es decir, puede producirse de una persona de nivel jerárquico superior a una persona subordinada, entre personas del mismo nivel jerárquico, provenir de una persona usuaria, e incluso y aunque sea más infrecuente,  de una persona en un puesto de subordinación a una persona en un puesto jerárquicamente superior.

Para saber si existe una situación de acoso sexual existe un criterio establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 111 y la Recomendación de las Comunidades Europeas 92/131, de 27 de noviembre de 1991, donde se determina que se tiene que dar:

Un comportamiento de carácter sexual, siendo indeseado, irrazonable y ofensiva para la persona objeto del acoso sexual. Esta situación crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de ella.

A la hora de diferenciarlo del acoso moral o mobbing es importante resaltar que en el acoso sexual hay una intencionalidad de índole sexual por parte de la persona acosadora. Si bien es cierto que en situaciones de mobbing pueden llegar a utilizarse conductas de carácter sexual para hostigar a la víctima; la finalidad del mobbing siempre es deshacerse de la víctima, excluirla de la organización; pero no buscar obtener una satisfacción de carácter sexual.

En el marco del acoso laboral distinguimos el acoso sexual como un tipo de acoso definido por la naturaleza sexual de sus comportamientos, aunque no necesariamente debe buscar la obtención de favores sexuales (lo que tradicionalmente se ha llamado el “chantaje sexual”) sino que se ha abierto el concepto también al acoso sexual ambiental. 

En cualquier caso, el acoso sexual es una forma de ejercer la violencia sobre otra persona, el abuso de poder mediante conductas sexuales diferenciadas.

Cómo actuar frente al acoso sexual desde el derecho penal en España

Pero para que se perfeccione el delito de acoso sexual han de concurrir obligatoriamente los siguientes requisitos:

  • La solicitud, requerimiento o pedido de favores de naturaleza sexual de una persona a otra dentro del mismo medio laboral, docente o de prestación de servicios. Es indiferente que la solicitud sea atendida por la víctima.
  • Que esta solicitud ponga a la víctima en una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Es decir, se exige un resultado, aunque sea indirecto.
  • La solicitud se ha de producir en un entorno laboral, docente o de prestación de servicios dentro de una relación habitual o continuada entre el autor y la víctima. Asimismo, o se exige el prevalimiento o la jerarquización entre los sujetos.
  • El acosador tiene que actuar con dolo, no existe el acoso sexual imprudente. Es decir, el autor del delito tiene que actuar con conciencia y voluntad en su comportamiento y ser consciente de la posición incómoda que provoca en la víctima.
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Acoso en el entorno laboral qué hacer

Qué es el acoso en el trabajo

El acoso en el trabajo es un tema que afecta al ámbito de la salud, de la empresa,  la política  etc. Este fenómeno en un problema en el mundo y en España, que lejos de reducirse, se expande; provocando una preocupación y un interés mediático que lo ha convertido en un tema “de calado social”. De esta forma, un 7,4% de las personas empleadas en España afirman haber sufrido acoso o intimidación (375.100 personas). En el caso específico de las mujeres, este porcentaje alcanza el 9,4% (Instituto Nacional de Estadística).

No debemos olvidar que el acoso es un modo de ejercitar la violencia, que no es más que el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por algunas de sus consecuencias propias, también debe ser tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral y no sólo como forma de violencia laboral.

Sus efectos sobre la dignidad e intimidad del trabajador o trabajadora y sus efectos en la salud son de clara importancia y están teniendo una atención cada vez mayor por la jurisprudencia de los diferentes países europeos. El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los riesgos laborales más importantes en la vida laboral. Así, el número creciente de casos aparecidos en la prensa ha aumentado el interés social hacia el problema y la preocupación legal por el tema, hasta el punto que ya existen sentencias que consideran el acoso psicológico como un delito penal.

Características del acoso laboral o mobbing

Existen tres características que diferencian el mobbing o acoso moral de cualquier otro conflicto interpersonal en el medio laboral: la duración, la repetición y la relación asimétrica o desigual entre las dos partes del conflicto.

Así, el concepto legal de mobbing se describe como un comportamiento negativo entre personas que en la relación laboral sean compañeras o entre personas  con puestos superiores e inferiores en la jerarquía laboral, a causa del cual la persona afectada es objeto de acoso y ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objeto y/o el efecto de hacerle el vacío.

Habitualmente, esta serie de comportamientos está motivado por envidias o competencias profesionales y/o personales; teniendo como finalidad la “autoexclusión” de la víctima, es decir que la víctima abandone la organización de manera aparentemente voluntaria.

En líneas generales, se denomina “acoso laboral” (a veces se utilizan también los términos “hostigamiento”, “mobbing” o “violencia psicológica”) a un comportamiento reiterado y desproporcionado hacia una persona o personas en su puesto de trabajo que busca discriminar, humillar o amenazar a la persona acosada o minar su autoestima.

  • El acoso, que generalmente tiene lugar dentro de la organización, puede consistir en maltrato verbal y físico, pero también adoptar formas más sutiles, como el aislamiento social.
  • La dignidad, la capacidad profesional, la vida privada, las características físicas, el origen étnico, el género o la orientación sexual de una persona pueden ser el objeto del acoso.

Tipos de acoso dentro de un entorno laboral

El acoso laboral es un proceso, continuado en el tiempo, de violencia psicológica que sufre una persona trabajadora y que consiste principalmente en acciones diversas de descrédito personal y profesional, aislamiento, humillación y hostigamiento, con implicaciones en el ámbito:

  • Organizacional: Reduce el rendimiento de la organización, aumenta el absentismo y la accidentabilidad. También afecta negativamente a la persona acosadora.
  • Salud: Puede generar daños, entre los que destacan la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés post-traumático, las conductas adictivas e incluso el suicidio.
  • Jurídico: Es un trato degradante que atenta contra el derecho a la dignidad y la integridad moral de la víctima.
  • Social: Está determinado por diversos factores sociales como las altas tasas de desempleo, la competitividad extrema y el rol social de género.

Por tanto puede ser definido como el conjunto de comportamientos, acciones o conductas ejercidas por una o varias personas de forma sistemática y a lo largo del tiempo, destinadas a dañar la integridad física y psicológica de una o más personas, con un desequilibrio de fuerzas, con el objetivo de destruir su reputación y sus redes de comunicación y perturbar el ejercicio de sus funciones aprovechando las deficiencias en el sistema organizativo. (Departamento De Trabajo E Industria De La Generalitat De Catalunya. Primera Jornada de Análisis Integral del “Mobbing. Noviembre 2005. www.acosomoral.org  Girona.).

Acoso moral o mobbing

Actualmente no hay un término único para identificar este fenómeno, aunque el más popular es ‘mobbing’. En español, otros términos utilizados son: acoso moral en el trabajo, hostigamiento psicológico, psicoterror laboral y acoso laboral. Si quieres saber más de este tipo de acoso, pincha aquí

Cómo actuar ante estas situaciones de hostigamiento

Ante este tipo de conductas delictivas no lo dudes y denuncia. El párrafo segundo del art. 173 del Código Penal (en su redacción dada por la L.O. 5/2010, de 22 de junio) castiga con pena de seis meses a dos años “los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”

No tengas miedo nunca, a las personas que realizan este tipo de conductas psicopáticas hay que plantarles cara siempre. No colabores colabores con tu silencio, a la larga tendrás que hacerle frente, así que empodérate cuanrto antes y defiende tu dignidad ante cualquier agresión.

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Nulidad anulabilidad y revisiones de oficio en la Administración

Qué es un acto administrativo nulo de pleno derecho

Un acto administrativo nulo de pleno derecho es ineficaz y carece de efectos jurídicos por contravenir gravemente las normas que regulan la competencia en su adopción, el procedimiento establecido o su contenido.

Son actos nulos de pleno derecho los contrarios a las normas imperativas o prohibitivas salvo que en ellas se disponga otra cosa ( art. 6.3 del Código Civil )

Para que un acto administrativo sea nulo de pleno derecho, deberá de ser revocado. Una vez que esto suceda, carecerá de efectos jurídicos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Características del acto administrativo nulo

El acto administrativo nulo de pleno derecho se caracteriza por:

Tal y como muestra STS 913/2020 de la Sala Tercerca de lo Contencioso-Administrativo [j 6] esta apreciación de oficio para la acción de nulidad en ningún caso puede corresponder a los interesados en el proceso, tan sólo a la Administración.

Que es un acto administrativo anulable

En cambio la anulabilidad de un acto administrativo, sucede cuando:

  • Se infringe el ordenamiento jurídico.
  • No reúne los requisitos de forma indispensables para alcanzar su fin.
  • Provoca indefensión a los interesados.
  • Es realizado fuera del tiempo establecido, siendo el término o plazo indispensable para el propio acto.

Mientras la nulidad de un acto administrativo supone su desaparición del mundo jurídico, la anulabilidad permitirá retrotraer el procedimiento, eliminar el vício y que continúa el procedimiento a partir de entonces.

Regulación jurídica de la nulidad y anulabilidad

Ambas figuras, se encuentran expresamente recogidas en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cómo se declarar nulo o anulable un acto administrativo

La revocación de los actos administrativos es la facultad que compete a las Administraciones Pública para sustituir un acto inválido, dejándolo sin efecto, por otro conforme a derecho.

La Administración puede revocar un acto administrativo por entender que el mismo no resulta ser ajustado a derecho. Para ello tiene que valorar, en primer lugar, si el vicio es de nulidad, en cuyo caso se procederá a la revisión de oficio del acto administrativo o disposición, o, si, por el contrario, se trata de un vicio de anulabilidad, recurriéndose entonces al procedimiento administrativo de declaración de lesividad.

Revisión de oficio de los actos administrativos y disposiciones

La revisión de oficio tiene una trascendencia práctica relevante. Se insiste en que cuando la Administración ha dictado un acto administrativo (de oficio o a instancias de parte), puede revisar de oficio el mismo siempre que sea nulo de pleno derecho, no existiendo un plazo determinado, aunque la jurisprudencia ha desarrollado una serie de criterios tendentes a impedir que se proceda dicha figura cuando ha transcurrido un periodo de tiempo dilatado o por cuestiones de equidad y actos propios.

Revisión de oficio de los actos nulos y de los reglamentos

En relación a la revisión de disposiciones y actos nulos, el art. 106 de la LPAC, dispone lo siguiente:

  • Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ap.1 del art. 47 de la LPAC.
  • Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el ap. 2 del art. 47 de la LPAC.

No obstante, hay que recordar que la revisión de oficio se produce, como su nombre indica, “de oficio” por la propia Administración para revisar sus actos nulos. No obstante, también se podrá llevar a cabo a instancias de un particular.

Por último, procede destacar que, el particular afectado por la revisión de oficio, será el que actúe como recurrente en el contencioso siempre que la revisión de oficio prospere.

Acción para solicitar la revisión de oficio

Con respecto a la legitimación de un particular para instar una acción de revisión de oficio, hay que matizar que, dicha revisión no procede actualmente frente a los reglamentos. De esta forma, un administrado, mediante la acción revisión, no puede instar a la Administración a que revise un reglamento, aunque la Administración si puede revisar de oficio una disposición de carácter general.

Por otro lado, la revisión de oficio, procede contra actos de gravamen. En este caso, puede revisar de oficio dicho acto de la Administración (lo cual entra en conflicto con la revocación de actos), pero, también se puede instar la revisión de oficio incluso por un particular frente a un acto de gravamen. 

La declaración de lesividad de los actos anulables

La declaración de lesividad procede frente a actos administrativos que no son nulos de pleno derecho, es decir, frente a actos administrativos anulables.

La Administración tiene obligación de revisar los actos y declarar su lesividad, pero no existe una acción a favor de terceros para poder exigir a una Administración a que realice una declaración de lesividad. En definitiva, en términos generales, no procede la acción para obligar a la Administración a que declare lesivo uno de sus actos.

Aspectos procesales de la lesividad

En vía administrativa, la Administración declara que un acto es lesivo, es decir, que se trata de un acto ilegal y dañoso para el interés público, y concede audiencia al particular (por ejemplo, un contratista al que se ha hecho un abono de más).

Una peculiaridad desde el punto de vista procesal radica en que la Administración figura como recurrente, de modo que se introduce en vía judicial mediante el correspondiente recurso contencioso – administrativo, conforme al artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, adjuntando el expediente administrativo a la demanda. Posteriormente, se da traslado de la demanda al particular, el cual, además, es citado en otrosí indicándose su nombre completo y dirección.

Diferencias entre la revisión de oficio y la declaración de lesividad

La revisión de oficio se caracteriza porque, cuando se tramita un procedimiento de revisión de oficio, se ha de acudir el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, al objeto de que emita un dictamen previo.

Por el contrario, en la declaración de lesividad, no se exige un dictamen previo por parte del Consejo de Estado u órgano equivalente, pero tiene la particularidad como hemos comentado, de que en el procedimiento judicial, la Administración es parte recurrente.

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Normativa relacionada con el Covid-19 en España

Régimen jurídico sobre el Covid 19 en España y en Andalucía

Obligatoriedad del uso de mascarillas es España Sentencia del Tribunal Constitucional

Después de un intenso debate, sobre la invasión a nuestra esfera personal y cierta violación de derechos en cuanto a la autonomía del paciente, tenemos en nuestro poder, amigos juristas la recientísima sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2020 (rec. 140/2020), ponente, Celsa Pico Lorenzo, donde se establecen los criterios constitucionales y legales que encuadran las actuaciones del poder público en la pandemia, cuando se trata de la medida de uso obligatorio de las mascarillas.

En la demanda planteada por la parte, se entendían que existía; vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución : Derecho a la integridad física y moral, derecho a la libertad individual. Asi como vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, y al derecho a la libre circulación.

Entre los razonamientos jurídicos más destacados por la parte demandante, a mi parecer, nos encontramos con que se obliga a la población a distanciarse y a usar mascarillas sin prescripción médica individualizada.

Asimismo el demandante indica que tanto el uso generalizado de mascarillas como el distanciamiento no se encuentran previstas en la Ley, art. 12 LO 4/1981, de 1 de junio , de estado de alarma, excepción y de sitio, por lo que al afectar a la libertad de movimiento solo pueden acordarse mediante el estado de excepción, art. 13 LO 4/1981 .

Estado de alarma frente al estado excepción y de sitio en pandemia

En uno de mis artículos anteriores ya reflexioné sobre la confusión jurídica a la que nos hemos visto sometidos al confundir este tipo situaciones. En este caso, sin que la parte entre en mas disertaciones; rechaza la declaración injustificada del Estado de alarma e imposición de medidas sanitarias en base a recomendaciones de la OMS que no es fuente de derecho español. Y como astucia jurídica me ha encandilado, la verdad. La desviación de poder como escudo protector para los ciudadanos.

El fiscal sostiene que ciertamente las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, OMS carecen de fuerza vinculante. Sin embargo, la pertenencia de España a dicha organización por haber aceptado su Constitución firmada el 22 de julio de 1946, que entró en vigor el 7 de abril de 1948, conlleva asumir sus recomendaciones.

¿Somos conscientes de que nos gobiernan entes supranacionales y que lo hacen mediante la desviación de nuestros poderes soberanos que parecer ser “hemos cedido”? ¿Somos conscientes de lo sibilino de la redacción anterior? ¿Conoce alguien a las personas que allí trabajan, que tanto recomiendan, y que tanto poder ostentan?

Y digo yo; si hemos visto que nuestros dirigentes obedecen a entes SUPRANACIONALES, porque la firma de un documento de 1948 conlleva asumir ciertas recomendaciones… usando los mismos términos coloquiales del doctor Simón…estamos un poco vendidos ¿no? ¿Estos son los jefes de nuestro Jefe de Estado? ¿A cuantos organismos recomendadores más, estamos vinculados?

La demanda sigue sostiendo que no hay riesgo de colapso ni ha habido colapso; ( un poquito arriesgado esta argumentación desde el punto de vista técnico, ya que la carga de la prueba recae sobrela parte, y no sé como pensaba demostrarlo…) y sigue argumentando que en base al informe del médico que aporta que no se cumple el criterio de constitucionalidad en las medidas impuestas; pues el uso de las mascarillas tiene contraindicaciones y la distancia social lleva aparejada múltiples complicaciones (alteraciones del estado de ánimo, depresiones, suicidios, etc.)

Adiciona todo lo anterior con la existencia de un discurso injurioso contra las personas que no cumplan las antedichas medidas y pasan a ser calificados en los medios de comunicación social de criminales, e irresponsables.

Sólo un apunte al avezado lector, de esta su web. Sin entrar en cuestiones morales hemos presenciado bochornosos comportamientos hacia personas con enfermedad mental y afecciones del espectro autista que por prescripción médica debían salir a la calle; llegando al punto de tener que realzar su patología con un brazalete bien visible para no ser insultados por la calle. ¿En serio? ¿Sociedades avanzadas; decis?

Abogacía del estado y posición del fiscal ante la obligatoriedad del uso de mascarillas

Tanto la abogada del estado como el fiscal inciden en la falta de legitimidad activa que tiene la parte demandante pero en cuanto al fondo rechaza la vulneración de derechos fundamentales sin perjuicio de objetar que la obligación del uso de la mascarilla va acompañada de un determinado número de excepciones. Señala que la evidencia científica disponible con respecto de las características de la enfermedad COVID-19 ( Ministerio de Sanidad de España- CSIC. Informe sobre filtros de aire en diferentes sectores industriales y posibilidad de eliminación del virus SARSCOV2, 29 abril 2020) considera que la forma de transmisión del virus entre humanos ocurre por un determinado tipo de gotas que se emiten al toser, hablar y respirar por parte de una persona infectada, y que por su tamaño y peso están presentes en aerosoles a distancias cortas y medias y que tienden a depositarse sobre las superficies cercanas, por lo que las principales vías de transmisión del virus son la vía aérea y la vía de contacto.

Cualquier hilo argumental siguiente es de sobra conocido por todos nosotros, ya que no es más que una repetición de la narrativa oficial en la que vivimos, y que yo personalmente he asumido por criterio de autoridad, no porque sea capaz de verificar, ni de encontrar coherente las cosas que estamos viviendo.

Llevar mascarillas en España es obligatorio

El Tribunal Constitucional, en esta sentencia que he enlazado y que se puede estudiar sin mi sesgo, confirma la obligatoriedad del uso de mascarillas, tumbando cualquier argumento disidente en base a criterios médico científicos. Sobre el fondo del asunto, si el uso de mascarillas es una medida caprichosa o inútil o si cuenta con amparo racional, el Tribunal una vez sopesado el informe pericial de un médico crítico con la medida de las mascarillas, y los numerosos informes de expertos y centros oficiales, nacionales y extranjeros, termina la Sentencia concluyendo que:

A la vista de lo expuesto resulta patente que la intervención estatal en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Debe prevalecer el objetivo constitucional de protección de la salud de todos, art. 43 CE que comprende la integridad física y moral. Se reputa legitima la disposición ordenando el uso de mascarilla en razón de que, en el actual estado de conocimiento de propagación del virus Covid-19, es necesaria y proporcionada para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud, al constituir una medida que puede contener la progresión de la pandemia. A ello no obsta el contenido del informe del Dr. Demetrio sobre posibles contraindicaciones de las mascarillas (falta de oxígeno, eritemas, rinitis, etc.) pues los hipotéticos riesgos siempre serán menores que el beneficio de la prevención obtenida

De la rigurosidad de la metodología de la comunidad científica de a pie, no dudo ni un ápice. Entre otras cosas, porque ellos mismos están debatiendo y revisando sus investigaciones de continúo. De lo que dudo es de las verdades absolutas que no dejan un hueco al pensamiento crítico. Debatir, cuestionar, investigar, buscar ¿no es símbolo de mejora? ¿De qué manera el sistema de incentivos en que vivimos (los retuits, los likes…) se ha convertido en un mecanismo para condicionar nuestro pensamiento?

La duda metódica es un método y principio para llegar a una base de conocimiento cierto, desde donde partir y cómo fundamentar otros conocimientos del mundo. René Descartes populariza este método en el siglo XVII.  Y un comité de expertos (anónimos) se lo cargó a principios del siglo XXI