Nulidad anulabilidad y revisiones de oficio en la Administración

Qué es un acto administrativo nulo de pleno derecho

Un acto administrativo nulo de pleno derecho es ineficaz y carece de efectos jurídicos por contravenir gravemente las normas que regulan la competencia en su adopción, el procedimiento establecido o su contenido.

Son actos nulos de pleno derecho los contrarios a las normas imperativas o prohibitivas salvo que en ellas se disponga otra cosa ( art. 6.3 del Código Civil )

Para que un acto administrativo sea nulo de pleno derecho, deberá de ser revocado. Una vez que esto suceda, carecerá de efectos jurídicos en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Características del acto administrativo nulo

El acto administrativo nulo de pleno derecho se caracteriza por:

Tal y como muestra STS 913/2020 de la Sala Tercerca de lo Contencioso-Administrativo [j 6] esta apreciación de oficio para la acción de nulidad en ningún caso puede corresponder a los interesados en el proceso, tan sólo a la Administración.

Que es un acto administrativo anulable

En cambio la anulabilidad de un acto administrativo, sucede cuando:

  • Se infringe el ordenamiento jurídico.
  • No reúne los requisitos de forma indispensables para alcanzar su fin.
  • Provoca indefensión a los interesados.
  • Es realizado fuera del tiempo establecido, siendo el término o plazo indispensable para el propio acto.

Mientras la nulidad de un acto administrativo supone su desaparición del mundo jurídico, la anulabilidad permitirá retrotraer el procedimiento, eliminar el vício y que continúa el procedimiento a partir de entonces.

Regulación jurídica de la nulidad y anulabilidad

Ambas figuras, se encuentran expresamente recogidas en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cómo se declarar nulo o anulable un acto administrativo

La revocación de los actos administrativos es la facultad que compete a las Administraciones Pública para sustituir un acto inválido, dejándolo sin efecto, por otro conforme a derecho.

La Administración puede revocar un acto administrativo por entender que el mismo no resulta ser ajustado a derecho. Para ello tiene que valorar, en primer lugar, si el vicio es de nulidad, en cuyo caso se procederá a la revisión de oficio del acto administrativo o disposición, o, si, por el contrario, se trata de un vicio de anulabilidad, recurriéndose entonces al procedimiento administrativo de declaración de lesividad.

Revisión de oficio de los actos administrativos y disposiciones

La revisión de oficio tiene una trascendencia práctica relevante. Se insiste en que cuando la Administración ha dictado un acto administrativo (de oficio o a instancias de parte), puede revisar de oficio el mismo siempre que sea nulo de pleno derecho, no existiendo un plazo determinado, aunque la jurisprudencia ha desarrollado una serie de criterios tendentes a impedir que se proceda dicha figura cuando ha transcurrido un periodo de tiempo dilatado o por cuestiones de equidad y actos propios.

Revisión de oficio de los actos nulos y de los reglamentos

En relación a la revisión de disposiciones y actos nulos, el art. 106 de la LPAC, dispone lo siguiente:

  • Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el ap.1 del art. 47 de la LPAC.
  • Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el ap. 2 del art. 47 de la LPAC.

No obstante, hay que recordar que la revisión de oficio se produce, como su nombre indica, “de oficio” por la propia Administración para revisar sus actos nulos. No obstante, también se podrá llevar a cabo a instancias de un particular.

Por último, procede destacar que, el particular afectado por la revisión de oficio, será el que actúe como recurrente en el contencioso siempre que la revisión de oficio prospere.

Acción para solicitar la revisión de oficio

Con respecto a la legitimación de un particular para instar una acción de revisión de oficio, hay que matizar que, dicha revisión no procede actualmente frente a los reglamentos. De esta forma, un administrado, mediante la acción revisión, no puede instar a la Administración a que revise un reglamento, aunque la Administración si puede revisar de oficio una disposición de carácter general.

Por otro lado, la revisión de oficio, procede contra actos de gravamen. En este caso, puede revisar de oficio dicho acto de la Administración (lo cual entra en conflicto con la revocación de actos), pero, también se puede instar la revisión de oficio incluso por un particular frente a un acto de gravamen. 

La declaración de lesividad de los actos anulables

La declaración de lesividad procede frente a actos administrativos que no son nulos de pleno derecho, es decir, frente a actos administrativos anulables.

La Administración tiene obligación de revisar los actos y declarar su lesividad, pero no existe una acción a favor de terceros para poder exigir a una Administración a que realice una declaración de lesividad. En definitiva, en términos generales, no procede la acción para obligar a la Administración a que declare lesivo uno de sus actos.

Aspectos procesales de la lesividad

En vía administrativa, la Administración declara que un acto es lesivo, es decir, que se trata de un acto ilegal y dañoso para el interés público, y concede audiencia al particular (por ejemplo, un contratista al que se ha hecho un abono de más).

Una peculiaridad desde el punto de vista procesal radica en que la Administración figura como recurrente, de modo que se introduce en vía judicial mediante el correspondiente recurso contencioso – administrativo, conforme al artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, adjuntando el expediente administrativo a la demanda. Posteriormente, se da traslado de la demanda al particular, el cual, además, es citado en otrosí indicándose su nombre completo y dirección.

Diferencias entre la revisión de oficio y la declaración de lesividad

La revisión de oficio se caracteriza porque, cuando se tramita un procedimiento de revisión de oficio, se ha de acudir el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, al objeto de que emita un dictamen previo.

Por el contrario, en la declaración de lesividad, no se exige un dictamen previo por parte del Consejo de Estado u órgano equivalente, pero tiene la particularidad como hemos comentado, de que en el procedimiento judicial, la Administración es parte recurrente.

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