Normativa relacionada con el Covid-19 en España

Régimen jurídico sobre el Covid 19 en España y en Andalucía

Obligatoriedad del uso de mascarillas es España Sentencia del Tribunal Constitucional

Después de un intenso debate, sobre la invasión a nuestra esfera personal y cierta violación de derechos en cuanto a la autonomía del paciente, tenemos en nuestro poder, amigos juristas la recientísima sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2020 (rec. 140/2020), ponente, Celsa Pico Lorenzo, donde se establecen los criterios constitucionales y legales que encuadran las actuaciones del poder público en la pandemia, cuando se trata de la medida de uso obligatorio de las mascarillas.

En la demanda planteada por la parte, se entendían que existía; vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución : Derecho a la integridad física y moral, derecho a la libertad individual. Asi como vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, y al derecho a la libre circulación.

Entre los razonamientos jurídicos más destacados por la parte demandante, a mi parecer, nos encontramos con que se obliga a la población a distanciarse y a usar mascarillas sin prescripción médica individualizada.

Asimismo el demandante indica que tanto el uso generalizado de mascarillas como el distanciamiento no se encuentran previstas en la Ley, art. 12 LO 4/1981, de 1 de junio , de estado de alarma, excepción y de sitio, por lo que al afectar a la libertad de movimiento solo pueden acordarse mediante el estado de excepción, art. 13 LO 4/1981 .

Estado de alarma frente al estado excepción y de sitio en pandemia

En uno de mis artículos anteriores ya reflexioné sobre la confusión jurídica a la que nos hemos visto sometidos al confundir este tipo situaciones. En este caso, sin que la parte entre en mas disertaciones; rechaza la declaración injustificada del Estado de alarma e imposición de medidas sanitarias en base a recomendaciones de la OMS que no es fuente de derecho español. Y como astucia jurídica me ha encandilado, la verdad. La desviación de poder como escudo protector para los ciudadanos.

El fiscal sostiene que ciertamente las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, OMS carecen de fuerza vinculante. Sin embargo, la pertenencia de España a dicha organización por haber aceptado su Constitución firmada el 22 de julio de 1946, que entró en vigor el 7 de abril de 1948, conlleva asumir sus recomendaciones.

¿Somos conscientes de que nos gobiernan entes supranacionales y que lo hacen mediante la desviación de nuestros poderes soberanos que parecer ser “hemos cedido”? ¿Somos conscientes de lo sibilino de la redacción anterior? ¿Conoce alguien a las personas que allí trabajan, que tanto recomiendan, y que tanto poder ostentan?

Y digo yo; si hemos visto que nuestros dirigentes obedecen a entes SUPRANACIONALES, porque la firma de un documento de 1948 conlleva asumir ciertas recomendaciones… usando los mismos términos coloquiales del doctor Simón…estamos un poco vendidos ¿no? ¿Estos son los jefes de nuestro Jefe de Estado? ¿A cuantos organismos recomendadores más, estamos vinculados?

La demanda sigue sostiendo que no hay riesgo de colapso ni ha habido colapso; ( un poquito arriesgado esta argumentación desde el punto de vista técnico, ya que la carga de la prueba recae sobrela parte, y no sé como pensaba demostrarlo…) y sigue argumentando que en base al informe del médico que aporta que no se cumple el criterio de constitucionalidad en las medidas impuestas; pues el uso de las mascarillas tiene contraindicaciones y la distancia social lleva aparejada múltiples complicaciones (alteraciones del estado de ánimo, depresiones, suicidios, etc.)

Adiciona todo lo anterior con la existencia de un discurso injurioso contra las personas que no cumplan las antedichas medidas y pasan a ser calificados en los medios de comunicación social de criminales, e irresponsables.

Sólo un apunte al avezado lector, de esta su web. Sin entrar en cuestiones morales hemos presenciado bochornosos comportamientos hacia personas con enfermedad mental y afecciones del espectro autista que por prescripción médica debían salir a la calle; llegando al punto de tener que realzar su patología con un brazalete bien visible para no ser insultados por la calle. ¿En serio? ¿Sociedades avanzadas; decis?

Abogacía del estado y posición del fiscal ante la obligatoriedad del uso de mascarillas

Tanto la abogada del estado como el fiscal inciden en la falta de legitimidad activa que tiene la parte demandante pero en cuanto al fondo rechaza la vulneración de derechos fundamentales sin perjuicio de objetar que la obligación del uso de la mascarilla va acompañada de un determinado número de excepciones. Señala que la evidencia científica disponible con respecto de las características de la enfermedad COVID-19 ( Ministerio de Sanidad de España- CSIC. Informe sobre filtros de aire en diferentes sectores industriales y posibilidad de eliminación del virus SARSCOV2, 29 abril 2020) considera que la forma de transmisión del virus entre humanos ocurre por un determinado tipo de gotas que se emiten al toser, hablar y respirar por parte de una persona infectada, y que por su tamaño y peso están presentes en aerosoles a distancias cortas y medias y que tienden a depositarse sobre las superficies cercanas, por lo que las principales vías de transmisión del virus son la vía aérea y la vía de contacto.

Cualquier hilo argumental siguiente es de sobra conocido por todos nosotros, ya que no es más que una repetición de la narrativa oficial en la que vivimos, y que yo personalmente he asumido por criterio de autoridad, no porque sea capaz de verificar, ni de encontrar coherente las cosas que estamos viviendo.

Llevar mascarillas en España es obligatorio

El Tribunal Constitucional, en esta sentencia que he enlazado y que se puede estudiar sin mi sesgo, confirma la obligatoriedad del uso de mascarillas, tumbando cualquier argumento disidente en base a criterios médico científicos. Sobre el fondo del asunto, si el uso de mascarillas es una medida caprichosa o inútil o si cuenta con amparo racional, el Tribunal una vez sopesado el informe pericial de un médico crítico con la medida de las mascarillas, y los numerosos informes de expertos y centros oficiales, nacionales y extranjeros, termina la Sentencia concluyendo que:

A la vista de lo expuesto resulta patente que la intervención estatal en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Debe prevalecer el objetivo constitucional de protección de la salud de todos, art. 43 CE que comprende la integridad física y moral. Se reputa legitima la disposición ordenando el uso de mascarilla en razón de que, en el actual estado de conocimiento de propagación del virus Covid-19, es necesaria y proporcionada para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud, al constituir una medida que puede contener la progresión de la pandemia. A ello no obsta el contenido del informe del Dr. Demetrio sobre posibles contraindicaciones de las mascarillas (falta de oxígeno, eritemas, rinitis, etc.) pues los hipotéticos riesgos siempre serán menores que el beneficio de la prevención obtenida

De la rigurosidad de la metodología de la comunidad científica de a pie, no dudo ni un ápice. Entre otras cosas, porque ellos mismos están debatiendo y revisando sus investigaciones de continúo. De lo que dudo es de las verdades absolutas que no dejan un hueco al pensamiento crítico. Debatir, cuestionar, investigar, buscar ¿no es símbolo de mejora? ¿De qué manera el sistema de incentivos en que vivimos (los retuits, los likes…) se ha convertido en un mecanismo para condicionar nuestro pensamiento?

La duda metódica es un método y principio para llegar a una base de conocimiento cierto, desde donde partir y cómo fundamentar otros conocimientos del mundo. René Descartes populariza este método en el siglo XVII.  Y un comité de expertos (anónimos) se lo cargó a principios del siglo XXI

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