Colegios de abogados en España como funcionan

➡️ Qué es y como funciona un Colegio de Abogados en ESpaña

En los últimos días recibo montones de consultas sobre la naturaleza jurídica de los colegios de abogados en España. Nunca creí que esto resultase especialmente relevante, pero yo me debo a mi audiencia, y ahí les dejo una entrada detalla sobre dicha cuestión.

Los colegios de abogados son corporaciones que reúnen los licenciados en Derecho que hayan superado una prueba de acceso. Este examen los faculta para poder ejercer profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, así como el asesoramiento y el consejo jurídico, y que tienen por objeto garantizar el buen ejercicio de la profesión de la Abogacía.

Además el Colegio de Abogados tiene encomendada dos funciones fundamentales:

  • Controlar el acceso a la profesión, evitando el intrusismo profesional por parte de personas que no pertenezcan a dicho colectivo.
  • Controlar el ejercicio de la profesión, mediante la imposición de una disciplina deontológica que impide a los abogados desarrollar en el ejercicio de su profesión prácticas contrarias a la buena fe y a las buenas costumbres. Y ojalá esto se llevara a la práctica de manera muy seria.

➡️ Régimen jurídico de los colegios de abogados

En la actualidad los Colegios de Abogados se encuentran regulados, con carácter general, en el Estatuto General de la Abogacía aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, en cuyo artículo segundo se definen como las corporaciones de derecho público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

➡️ Cómo se accede al colegio de abogados en España

El acceso a la profesión para graduados o licenciados en Derecho se regula en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y entró en vigor el 31 de octubre de 2011.

Lo fundamental es que de manera imprescindible hay que estar en posesión de título universitario de graduado o licenciado en Derecho, el cual permite obtener el título profesional de abogado, que se basa en una serie de principios fundamentales:

1. Superación de un curso de formación especializada (conocido habitualmente como “Máster de acceso a la abogacía”) y de carácter oficial (acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Educación) organizado e impartido por universidades, públicas o privadas y por escuelas de práctica jurídica, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos. La duración del curso es de 60 créditos.

2.- Desarrollo de un periodo de prácticas externas, debiendo ser realizadas bajo la tutela de un abogado. Y créanme que aquí está la base de todo. Comparto mí día a día con brillantes teóricos del derecho, que son incapaces de buscar una solución práctica basada en la experiencia que te da ejercerte con normas y leyes de manera cotidiana.

3.- Examen de Acceso. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales. Será convocada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, con una periodicidad mínima anual, sin límite de plazas y con contenido único para todo el territorio español.

Cómo se fijan los honorarios de los abogados según el Colegio

En primer lugar, vaya por delante que los honorarios de los abogados son libres. Los colegios profesionales pueden orientar sobre el cálculos de los mismos, pero prevalece la libertad de pactos entre las partes. Es decir que la cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal. 

El Estatuto General de la Abogacía aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, en su artículo 44 declara que el abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado.

Además los abogados pueden reclamar sus honorarios profesionales, en el caso de que no se abonen voluntariamente, por medio de tres vías diferentes: mediante el procedimiento declarativo que corresponda según cuantía, mediante un procedimiento monitorio y mediante una jura de cuentas.

Es bastante frecuente este tipo de disputas en el seno del despacho de un abogado, no obstante existen sentencias aclaratorias donde podemos ver, que cuando se hace un encargo aun profesional, hay que realizar el abono correspondiente, aunque a usted amigo, le parezca que va realizar “una consultita”. Que por cierto, es lo mismo que cuando va a Adeslas, y pasa la maravillosa tarjeta de pago a su médico…¿por qué cuesta tanto en el seno jurídico?

Tribunales Supremo Sala de lo Civil y el pago de honorarios a los abogados

Veamos que dicen los Tribunales al respecto de no pagar al abogado; y es hojeando una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2020 (RC 121/2020) he visto que contempla un supuesto en el que la cliente contrató los servicios profesionales de un Abogado para que ejerciera su defensa en dos procedimientos judiciales, aunque no constaba que se realizara presupuesto previo ni que se firmara hoja de encargo o documento similar.

El análisis que se hace de la normativa que afecta a esta cuestión es sumamente interesante, y por lo leído, la cliente abonó ciertas cantidades en concepto de provisión de fondos, y el abogado prestó sus servicios en un juicio ordinario que concluyó con sentencia íntegramente estimatoria para los intereses de la cliente y que comprendió también su ejecución y la ejecución de la tasación de costas. Así como en otro juicio ordinario que terminó con sentencia desestimatoria de la pretensión de la cliente.

Pues bien, el Alto Tribunal aquí acude al principio de buena fe de los arts. 65 TRLCU y 1258 CC, así como a las normas de disciplina corporativa, como el Estatuto General de la Abogacía (Real Decreto 658/2001, de 22 de junio) o el Código Deontológico de la Abogacía Española para dilucidar esta cuestión.

Recomiendo una lectura de la Sentencia entera a todos mis compañeros Letrados, pero destaco fundamentalmente el análisis del artículo 13.9.b) del mencionado Código donde se establece la obligación del abogado de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo, el importe aproximado, en cuanto sea posible, de los honorarios.

Honorarios de abogados transparentes y no abusivos Tribunal Supremo

Pero según el Tribunal Supremo, cuando no exista contrato escrito ni hoja de encargo donde se indique la retribución del abogado o los criterios para su cálculo, de los arts. 60 y 65 TRLGCU se desprende que:

  • El abogado debe informar a su cliente antes del inicio de la relación contractual sobre el importe de los honorarios que va a percibir por su actuación profesional;
  • La omisión de la información precontractual sobre el precio se integrará, conforme al principio de la buena fe objetiva, en beneficio del consumidor.

Además, el Alto Tribunal advierte que “Dadas las peculiaridades de las relaciones entre abogado y cliente y las dificultades para establecer apriorísticamente el precio de unos servicios cuyo contenido concreto y duración temporal pueden desconocerse en el momento de celebración del contrato, puede resultar ilustrativo lo dispuesto en los Principies of European Law on Service Contracts, cuyo art. 1:102 prevé que, cuando en el contrato no se concrete el precio o el método de su determinación, se aplicará el precio de mercado en el momento de conclusión del contrato, lo que implica un valoración del trabajo efectivamente realizado”.

Eel art. 44 del Estatuto General de la Abogacía dispone que, si no hay pacto expreso: “se podrán tener en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo, normas que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido y que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria”

Finalmente, debe advertirse que como los honorarios constituyen el precio del contrato de arrendamiento de servicios profesionales, no cabe hacer directamente un control de contenido sobre su abusividad ( art. 4.2 de la Directiva 93/13), sino que lo que procede es hacer un control de transparencia.

Consideraciones finales

En definitiva, “si tomamos en consideración que el trabajo consistió en la dirección jurídica de dos procedimientos civiles complejos en todos sus trámites, incluyendo la ejecución en uno de ellos, los elevados intereses económicos en conflicto y que los honorarios minutados por el letrado se adaptan a las normas colegiales, de lo que cabe presumir que no son excesivos (puesto que corporativamente tienen el carácter de mínimos), no cabe considerar que la fijación de la retribución profesional, aunque no fuera transparente, resultara abusiva, porque no causa un grave desequilibrio entre las partes ni manifiesta mala fe por parte del letrado (art. 80.1 TRLCU, a sensu contrario).

En suma, “(…) al haberse ajustado el profesional a los mínimos corporativamente previstos, podría presumir razonablemente que la consumidora habría aceptado esa cuantía”; por lo que el Tribunal Supremo confirma la sentencia que condenó al pago de los honorarios del Letrado“.

Creo que estas cuestiones son importantes tanto para clientes como para abogados, benefician a una práctica jurídica mas eficaz y transparente, fundamental en el seno de cualquier sociedad éticamente avanzada. Palabra de Letrada no ejerciente.

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