Principios del procedimiento administrativo común

Los principios generales del Procedimiento Administrativo Común según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son consecuencia, tanto de los principios que señala la Constitución en su art. 103 para la Administración Pública, como de los derechos que la propia Ley reconoce a las personas e interesados, en sus artículos 13 y 53 respectivamente. Cabe destacar los siguientes:


1º Unidad en la regulación de los institutos que integran el procedimiento. Se regulan de forma común los distintos elementos y fases del procedimiento, aunque luego cada procedimiento concreto pueda plasmarlos de forma diversa.


2º Flexibilidad, igualdad y contradicción de los interesados en el procedimiento. (arts. 71.2 y 75.3). El procedimiento administrativo, iniciado de oficio o a instancia de parte, tiene, en cualquier caso, carácter contradictorio, es decir la posibilidad de que se hagan valer los distintos intereses en juego y que esos intereses sean adecuadamente confrontados en presencia de sus respectivos titulares antes de adoptar una decisión definitiva.


3º Cooficialidad lingüística en el procedimiento (arts. 13.d) y 15). Cabe la posibilidad de utilizar otras lenguas en el desarrollo de la actuación administrativa.


4º Celeridad en la tramitación (arts. 21.2 y 71.1) y Economía procesal. Bajo el rótulo concentración de trámites, el art. 72 obliga a acordar en un sólo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. El art. 57 por su parte admite la acumulación de varios expedientes en uno sólo cuando entre ellos guarden identidad sustancial o íntima conexión.


5º Oficialidad. El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites (art. 71.1), incluso en lo relativo a los actos de instrucción (art. 75.1) y, práctica de prueba (art. 77.2).

Carácter no formal de los escritos o alegaciones y otros actos del administrado

6º El antiformalismo cuando nos dirigimos a la Administración.:Este principio me resulta muy útil para todos las personas que quieran dirigirse a las Administraciones Públicas. No tienen que romperse la cabeza, ni ser opositores a la hora de dirigirse a una Administración Pública. Escriban sus pretensiones de manera simple, porque es obligación de la Administración el calificar su escrito. Si lo saben mucho mejor: Un recurso de alzada, una reclamación patrimonial…Que se han equivocado, su actuación sigue siendo válida. De ahí el carácter no formal, que beneficia a toda la ciudadanía.

7º Congruencia con las peticiones formuladas por los interesados, de tal forma que la Administración habrá de resolver todas las cuestiones planteadas por éstos sin que en ningún caso pueda la Administración al resolver agravar su situación inicial (art. 88.2).


8º Transparencia. Se reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros, se reconoce el derecho “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para la instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. También tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso, y en el art. 13.d) se reconoce el derecho de las personas “a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.


9º Seguridad de los ciudadanos y respeto y deferencia de los mismos por las autoridades y empleados públicos. [arts. 13.e), 19 y 75.3].


10º Responsabilidad de las Administraciones Públicas y autoridades [art. 13.f)] y del personal a su servicio [art. 20 y 21.6)].

11º Por último, y como novedad de la Ley 39/2015, el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas [art. 14)]. Y hay tanto que escribir sobre esto! Continuará…

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