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Prórroga para la Disposición final 7ª de Ley 39/2015

Régimen Jurídico aplicable a esta prórroga

  • Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
  • Artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, (BOE del 4 de septiembre)
  • Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto.
  • Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Cuando entra en vigor de la Disposición final 7ª de la Ley de Procedimiento Administrativo Común

La entrada en vigor de la Disposición final 7ª de la Ley 39/2015, debía haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2018, pero el Real Decreto-ley 11/2018 prolongó ese plazo dos años, hasta el 2 de octubre de 2020, y con el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, se podría haber extendido seis meses más, hasta el 2 de abril de 2021.

En la actualidad el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto  de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, se encuentra derogado, por una falta de convalidación parlamentaria fruto de una mala praxis legislativa, cómo es legislar en plan gazpacho.

Este Decreto estaba pensado para legislar a las bravas una serie de medidas financieras, tales como:

– a la aplicación de la regla especial del destino del superávit de 2019 de las entidades locales para financiar inversiones financieramente sostenibles,

– a actuaciones relativas al remanente de tesorería para financiar determinados gastos en sectores de especial relevancia social, derivados de la crisis sanitaria,

– a la autorización de créditos extraordinarios para la recuperación económica y social y para hacer frente al déficit extraordinario del transporte público local,

– medidas de apoyo a ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero o con problemas de liquidez

– y a otras normas de gestión presupuestaria de carácter extraordinario y urgente.

¿Quiere decir esto que entra en vigor el 2 de octubre de 2020 la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre? Rotundamente; NO.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia amplia el plazo nuevamente

Pues siguiendo con esta mala técnica, el flamante a estrenar Real Decreto del Teletrabajo, que comentaré mas adelante, regula de todo. Hasta el procedimiento del Ingreso Mínimo Vital. Aunque lo que en este post, nos interesa es lo que hace con el Registro electrónico.

En su Disposición final novena, incluye una modificación específica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de ampliar el plazo de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la referida norma, en lo relativo a:

Registro electrónico de apoderamientos-

Registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados.

Punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo electrónico;

Y todo ello, ante la dificultad de concluir los procesos de adaptación necesarios antes del 2 de octubre de 2020,  se ha ampliado hasta el 2 de abril de 2021, fecha a partir de la cual producirán efectos las previsiones sobre tales materias.

Seguiré informando en los próximos días, creo que este Gobierno se ha empeñado en hacernos estudiar ingeniera jurídica a todos los españolitos de a pie. Si lo llego a saber en COU me matriculo en artes adivinatorias y exorcismos (como está de alterado el personal) . Que Dios reparta paciencia y lexatines.

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Principios del procedimiento administrativo común

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Cuales son los principios generales del Procedimiento Administrativo Común

Los principios generales del Procedimiento Administrativo Común según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son consecuencia, tanto de los principios que señala la Constitución en su art. 103 para la Administración Pública, como de los derechos que la propia Ley reconoce a las personas e interesados, en sus artículos 13 y 53 respectivamente. Cabe destacar los siguientes:


1º Unidad en la regulación de los institutos que integran el procedimiento. Se regulan de forma común los distintos elementos y fases del procedimiento, aunque luego cada procedimiento concreto pueda plasmarlos de forma diversa.


2º Flexibilidad, igualdad y contradicción de los interesados en el procedimiento. (arts. 71.2 y 75.3). El procedimiento administrativo, iniciado de oficio o a instancia de parte, tiene, en cualquier caso, carácter contradictorio, es decir la posibilidad de que se hagan valer los distintos intereses en juego y que esos intereses sean adecuadamente confrontados en presencia de sus respectivos titulares antes de adoptar una decisión definitiva.


3º Cooficialidad lingüística en el procedimiento (arts. 13.d) y 15). Cabe la posibilidad de utilizar otras lenguas en el desarrollo de la actuación administrativa.


4º Celeridad en la tramitación (arts. 21.2 y 71.1) y Economía procesal. Bajo el rótulo concentración de trámites, el art. 72 obliga a acordar en un sólo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. El art. 57 por su parte admite la acumulación de varios expedientes en uno sólo cuando entre ellos guarden identidad sustancial o íntima conexión.


5º Oficialidad. El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites (art. 71.1), incluso en lo relativo a los actos de instrucción (art. 75.1) y, práctica de prueba (art. 77.2).

Carácter no formal de los escritos o alegaciones y otros actos del administrado

6º El antiformalismo cuando nos dirigimos a la Administración.:Este principio me resulta muy útil para todos las personas que quieran dirigirse a las Administraciones Públicas. No tienen que romperse la cabeza, ni ser opositores a la hora de dirigirse a una Administración Pública. Escriban sus pretensiones de manera simple, porque es obligación de la Administración el calificar su escrito. Si lo saben mucho mejor: Un recurso de alzada, una reclamación patrimonial…Que se han equivocado, su actuación sigue siendo válida. De ahí el carácter no formal, que beneficia a toda la ciudadanía.

7º Congruencia con las peticiones formuladas por los interesados, de tal forma que la Administración habrá de resolver todas las cuestiones planteadas por éstos sin que en ningún caso pueda la Administración al resolver agravar su situación inicial (art. 88.2).


8º Transparencia. Se reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros, se reconoce el derecho “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para la instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. También tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso, y en el art. 13.d) se reconoce el derecho de las personas “a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.


9º Seguridad de los ciudadanos y respeto y deferencia de los mismos por las autoridades y empleados públicos. [arts. 13.e), 19 y 75.3].


10º Responsabilidad de las Administraciones Públicas y autoridades [art. 13.f)] y del personal a su servicio [art. 20 y 21.6)].

11º Por último, y como novedad de la Ley 39/2015, el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas [art. 14)]. Y hay tanto que escribir sobre esto! Continuará…